Familiares de presos reclaman una alternativa a las cárceles

Unas 400 personas se manifestaron ayer por la tarde en la calle de San Bernardo, en Madrid, para pedir medidas de reinserción social para ex delincuentes y la creación de la figura jurídica de la libertad a prueba. La manifestación, que partió de la glorieta de Ruiz-Jiménez y acabó ante las puertas del Ministerio de Justicia, estaba convocada por la Coordinadora de Barrios de Menores y Jóvenes. Gentes de todas las edades, mayoritariamente jóvenes y padres de delincuentes que cumplen condena o han pasado por prisión, se acercaron desde los barrios de la periferia para pedir una alternativa a las cárceles.

Una visible pancarta encabezaba la protesta popular. En ella podía leerse: "Los jóvenes queremos vivir; la cárcel nos destruye". Los manifestantes, a los gritos de "libertad sí, drogas no", recorrieron pacíficamente los cerca de 500 metros del trayecto ante la actitud vigilante de un considerable número de efectivos policiales.El cambio de itinerario en la manifestación motivó un retraso de 30 minutos en la hora de partida. Pasaban ya las siete y media de una tarde que se intuía lluviosa, y un nutrido grupo de personas esperaba todavía en los aledaños de la glorieta de Bilbao, donde inicialmente estaba previsto el inicio de la manifestación. Los problemas ocasionados por el tráfico fueron los causantes del cambio de trayecto a última hora.

Poco a poco, la glorieta de Ruiz Jiménez iba adquiriendo el ambiente previo de cada manifestación: organizadores que se retrasan y no aparecen, gente que se va apiñando sin saber qué dirección tomar... Eran las ocho de la tarde cuando la cabeza de la manifestación enfiló por fin hacia el Ministerio de Justicia.

El tramo principal de la calle de San Bernardo se cortó al tráfico para dejar paso a los manifestantes. El trayecto era corto y en pocos minutos llegaron a las puertas del Ministerio de Justicia. Los gritos alusivos a la droga y las cárceles se convirtieron entonces en referencias directas al ministro de Justicia, Fernando Ledesma. La sentada, a las puertas del ministerio, se amenizó con intervenciones de personas que expusieron sus casos personales y reclamaron una alternativa a las prisiones.

Una niña se abrió paso entre los manifestantes para exhibir con orgullo su pequeña y original pancarta. "Se buscan hombres libres", decía el lema. A su lado, la caricatura triste de un preso anónimo luciendo un visible número en medio de su traje rayado: el 7.777.

Los gritos de "drogas no, drogas no" fueron una constante a lo largo de la manifestación. Juana Juárez, una de las madres que encabezaba la protesta, no cesaba de gritar: "¡Que los encarcelen, que los encarcelen", en una referencia implícita a los traficantes de droga. Su hijo, Antonio Hernández Juárez, cumple actualmente condena. "Siempre volvía a caer, no le daban una oportunidad para recuperarse", se lamentaba.

A su lado, otra mujer repetía insistentemente: "Lo de los centros de rehabilitación es un robo". Ella, como tantas otras personas en la cabecera de la manifestación, forma parte de un grupo de familias del barrio de Entrevías que acogen a jóvenes marginados.

Uno de los artífices del Grupo de Menores y Jóvenes de Entrevías, el sacerdote Enrique Castro, explica "la larga lucha por la libertad a prueba". "Llevamos prácticamente un año exigiendo la modificación del Código Penal para dar cabida a esta figura jurídica", afirma. "Se trata de ofrecer una alternativa a las cárceles, de facilitar a los jóvenes la posibilidad de reinsertarse trabajando y viviendo en su mismo barrio". La libertad a prueba, según un portavoz de los manifestantes, está regulada de una u otra forma en países como Reino Unido, Francia o Italia.

Unas 80 personas, en su mayoría drogadictos rehabilitados que tienen pendiente la celebración de juicios por delitos cometidos en su etapa de toxicomanía, celebraron el pasado 30 de abril una asamblea en la parroquia de San Carlos, en el distrito de Vallecas.

Los asistentes decidieron entonces enviar una solicitud a Fernando Ledesma pidiendo recursos legales y administrativos para poner en marcha la libertad a prueba.