Jubilados por la Goma 2

La reincorporación profesional de los artificieros jubilados por accidente en actos de servicio es el principal objetivo de la Asociación Profesional de Técnicos de Desactivación de Explosivos (APT). Sus representantes aseguran rechazar criterios paternalistas y proponen utilizar la experiencia de sus compañeros heridos por razones de efectividad. España es, tras Líbano, el segundo país del mundo que padece más explosiones de artefactos colocados por terroristas.

Una hoja de laurel y una corona conforman el distintivo de este colectivo, cuya constitución se promovió mediante el envío de una carta a los 253 hombres que integran estas unidades de la Policía Nacional. Tras su legalización, el 29 de mayo de 1985, agrupa al 95% de los especialistas del cuerpo, y durante los últimos meses plantea sus propuestas, al Ministerio del Interior, que elaborará unos estatutos de la función Tedax.Pedro Rabinal, 36 años, secretario general de la APT, manifiesta que el espíritu de unión latía entre los artificieros desde hace varios años y destaca las dificultades que existían para presentar las solicitudes de la unidad a nivel individual.

La problemática social de los heridos es la preocupación más arraigada en este colectivo que, tras 10 años de servicios, contabiliza un balance de ocho muertos y seis heridos graves. Dos víctimas por infarto, de mediana edad, engrosan la estadística, si bien los artificieros consultados reconocen ignorar la causa exacta de estos últimos fallecimientos.

Jóvenes e inactivos

Tienen edades comprendidas entre los 28 y 50 años, están casados y permanecen jubilados por la Goma 2 desde el día en que un ingenio terrorista les venció en una calle del País Vasco o cualquier otra comunidad española. Tras una recuperación física de varios años y sin ninguna atención psicológica, continúan encerrados en sus hogares y sueñan con volver.

Los artificieros del Tedax apartados del servicio por accidente carecen en la actualidad de trabajo y cobran un sueldo de 80.000 pesetas al mes en concepto de retiro. Sufren mutilaciones y ceguera, entre otras lesiones. Los tres últimos heridos, durante servicios realizados en San Sebastián, Vitoria y Madrid, declinaron realizar manifestaciones para "evitar el recuerdo".

Según establece la normativa, los técnicos en desactivación. de explosivos están sometidos al cuadro de inutilidades de cualquier funcionario. Anteriormente, tras el accidente, se sometían a un examen del tribunal médico del Cuerpo de Inspección. Hoy, se les aplican los criterios que rigen en Muface. La inutilidad total contempla amputaciones de miembros, brazos y piernas; la parcial, lesiones menores que pueden ser excluyentes para continuar en la unidad pero no impiden permanecer en el cuerpo. Así, la pérdida de audición.

Los especialistas heridos por la explosión de una bomba pasan a situación de reemplazo durante un período de dos años, prorrogables a cuatro. Posteriormente, entran en el retiro definitivo si las lesiones se consideran irreversibles. En ocasiones, la jubilación forzosa tiene lugar antes de concluir el mencionado período.

La pensión. de 80.000 pesetas que reciben los jubilados representa el 200% del sueldo, grado y trienios. Esta cantidad es la misma que percibe el resto de los miembros de la Policía Nacional jubilados por accidente o atentado. El plus por especialidad que contempla el servicio Teelax -18.200 pesetas mensuales- se cobra sólo mientras el artificiero permanece en activo en esa unidad. Los heridos pierden cualquier derecho sobre este concepto al ser retirados.

Desde, 1976 hasta 1983, la mencionada gratificación económica para los miembros de esta unidad suponía un aumento de 5.000 pesetas al mes, que la APT califica de ridícula. La mayoría de los artificieros dedica un porcentaje del plus a la contratación de seguros de vida privados, en los que se les excluye de las condiciones habituales por la peligrosidad de su trabajo. Una compañía de seguros ofertó recientemente a este colectivo una póliza de vida y accidentes por 50.000 pesetas anuales.

Reincorporación

"Quieren volver a trabajar porque se sienten mal fuera de la unidad", manifiesta Ismael Guerrero, secretario de organización de la APT, al referirse a los artificieros jubilados por accidente. "Están ilusionados y perfectamente capacitados para continuar integrados en los equipos. Es su mundo y no pueden abstraerse de él".

"Hemos estudiado los casos y es evidente que pueden continuar desempeñando funciones auxiliares técnicas. No en primera línea de fuego, pero sí en los equipos. El trabajo que se ve en la calle al enfrentarse al paquete es sólo una parte mínima de nuestra actividad. Detrás hay una labor que la gente no conoce".

Los representantes de la Asociación Profesional de Técnicos en Desactivación han propuesto al Ministerio del Interior que estos retirados, incapacitados para labores operativas, se integren en la jefatura del Tedax para ejercer la docencia o desarrollen trabajos auxiliares de reconstrucción, laboratorio y fotografía en sus antiguas unidades. Guerrero destaca la tensión psicológica que padecen los jubilados por accidente tras la separación del servicio y asegura que a excepción de la desactivación pueden realizar todas las funciones de un artificiero. Señala que los afectados plantearon esta petición a nivel individual, sin que la atendiera la Administración.

"No queremos que se apliquen criterios paternalistas, sino que estas situaciones se regulen por ley", manifiesta el secretario de la APT. Pretendemos que se recoja en el nuevo reglamento general de: la ley de Policía y en nuestra propia normativa. La Administración debe facilitarles la posibilidad de que vuelvan a sentirse útiles".

Los 14 accidentes, ocho mortales, registrados en el Tedax desde su creación en España son, en opinión de estos especialistas, un porcentaje de riesgo muy elevado para el reducido colectivo -que integra estas unidades. Rafael Valdenegro fue la primera víctima, en 1978, al intentar desactivar una borriba en Tenerife; Esteban del Amo ha sido, el pasado año, la última en el Corte Inglés de Madrid.

Las estadísticas oficiales cifran una media de dos bajas al año y la asociación reconoce la preocupación de sus miembros de ser jubilados forzosamente si sufren un accidente que los inhabilite para tareas operativas.

Los representantes de la. APT solicitan a la Administración más medios y una mejor formación. Destacan la rentabilidad del grupo -1.000 millones de pesetas anuales de ahorro al Estado en daños materiales, según una estimación reciente- e insisten en la rápida evolución de la tecnología en el campo de las bombas.

"Estamos supeditados a los medios oficiales, y éstos, a veces, van más lentos que el desarrollo", señala Pedro Rabinal. "El tema bomba ha tenido una evolución constante durante estos últimos años. Ahora cada situación es diferente a la del día anterior. Aunque a nivel colectivo hay un porcentaje altísimo de rendimiento positivo, cuando hacemos autocrítica vemos nuestras limitaciones".

La creación de un gabinete de investigación, el desarrollo de nuevas técnicas y la formación continuada son, entre otras, algurias de las propuestas que en este sentido presentan al Ministerio del Interior.