El coste de la justicia

No es cierto que el Gobierno del PSOE esté abaratando la asistencia jurídica y el derecho constitucional a la justicia, pues sucede que la supresión de las tasas judiciales, que ahora se va a implantar, no compensa del gran encarecimiento que han sufrido los servicios jurídicos profesionales, al aplicarles un IVA de un 12%, según rige en España desde enero de 1986, cuando en la mayoría de los países europeos -empezando por todos los de nuestro propio entorno- dichos servicios se encuentran exentos de tal gravamen.Antes, además, no pagábamos tasas -como es bien obvio- cuando esos servicios eran extrajudiciales -caso muy frecuentes no requerían pleitear en juzgados y tribunales, mientras que hoy su coste ha pasado a estar también sobrecargado con el 12% del IVA, incluidas las intervenciones notariales (poderes, requerimientos, actas, escrituras, etcétera) y cualesquiera asesoramientos de los abogados. Todo ello se agrava más aún al haber sustituido el PSOE la jurisdicción económico-administrativa por la contenciosa ante las audiencias territoriales, mucho más onerosa en todos los aspectos, así como más lenta.

Y el PSOE tendría que explicar én virtud de qué singulares criterios considera que es correcto no gravar con el IVA los servicios, por ejemplo, de un protésico, pero sí gravar, en cambio, los servicios jurídicos.

Ello es que no sólo se nos ha encarecido fuertemente el derecho a la justicia y a la asistencia jurídica, sino que, al igual que ocurre con la tan desacertada y objetable aplicación del IVA a los locales arrendados, como también ha hecho en nuestro país el Gobierno del PSOE (y cuando esos arrendamientos se hallan libres del IVA en casi toda Europa y así lo previene la directriz sexta del Consejo de las Comunidades Europeas), se ha venido a crear un importante y arbitrario escollo a la integración económica y a la unificación fiscal de la Europa comunitaria, así como una injusta y distorsionadora discriminación en nuestra propia contra.-