Enrique Abad, nombrado nuevo fiscal especial para la lucha contra la droga

Enrique Abad Fernández, fiscal del Tribunal Supremo, fue nombrado ayer, por el fiscal general del Estado, fiscal especial antidroga, para sustituir a José Jiménez Villarejo, al que le fue aceptada su dimisión del cargo el pasado día 10. Ayer mismo, el secretariado permanente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hizo pública una nota en la que respalda la labor de Jiménez Villarejo y rechaza las imputaciones que hizo a su trabajo, en el Senado, el ministro de Sanidad, Ernest Lluch.

El anuncio del nombramiento del nuevo fiscal antidroga fue hecho ayer por la Fiscalía General del Estado y en la comunicación se afirma que éste se ha efectuado de conformidad con la comisión permanente del Consejo Fiscal y que se releva temporalmente a Abad Fernández de sus funciones en el Tribunal Supremo.La designación fue comunicada a los ministros de Justicia, Fernando Ledesma, y de Interior, José Barrionuevo, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

En cuanto al relevo de Jiménez Villarejo, el ministro Lluch había señalado, entre otras cosas, que aquél había descuidado aspectos jurídicos de su trabajo, había incurrido en algún exceso de publicidad y no había realizado algunos trabajos que el ministro le encomendó.

El secretariado permanente de la UPF, que agrupa a unos 100 miembros de la carrera fiscal y que está presidida por Fernando Jiménez Lablanca, en su reunión de ayer elaboró una nota en la que cornienza por "mostrar el respaldo al trabajo intentado realizar por José Jiménez Villarejo al frente de la Fiscalía para la Coordinación de la Prevención y Represión de la Droga, cuya valídez y aprobación fueron refrendadas en sus distintas comparecencias ante las comisiones parlamentarias."

Críticas a Lluch

Inmediatamente después, los fiscales, en respuesta a las manifestaciones del ministro de Sanidad, reiteran que "el ministerio fiscal no forma, legal ni constitucionalmente, parte del poder ejecutivo" y rechazan cualquier declaración en este sentido.Manifiestan "sorpresa y preocupación ante la comparencia del ministro de Sanidad, señor Lluch, en el Senado, con afirmaciones que muestran un total desconocimiento de las relaciones institucionales Gobierno-ministerio fiscal. Siendo así que los fiscales sólo pueden recibir órdenes y encargos" del fiscal general del Estado, correspondiendo al Gobierno "interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales la actuación pertinente...", conforme al artículo 8.1 del estatuto del ministerio fiscal"

En otro momento recuerdan que, según el artículo 126 de la Constitución, "entra plenamente dentro de las competencias del ministerio fiscal la labor de la coordinación e investigación del delito que materialmente realiza la policía judicial, como efectivamente lo intentó José Eménez Villarejo." "La creación", dicen, "de una Fiscalía Antidroga que no recoja expresamente esta competencia del ministerio fiscal está condenada irreversiblemente al fracaso.

Por fin, la UPF dice que conria en que "las declaraciones del ministro, señor Lluch, lo hayan sido a título personal y no respondan al sentir del Gobierno".