Aprobada la ley de la Función Pública de la Comunidad, que afecta a 23.000 trabajadores
El pleno de la Asamblea de Madrid aprobó el jueves, tras largos debates, la ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, que afectará a 23.000 personas, entre funcionarios y laborales. A lo largo de la sesión, 173 enmiendas fueron retiradas o consensuadas, de un total de 241 inicialmente presentadas.
El consejero de Presidencia, Javier Ledesma, encargado de defender el proyecto de ley ante la Cámara, dijo que uno de los puntos fundamentales de esta ley es que "considera a todos los trabajadores al servicio de la Comunidad, ya sean funcionarios o laborales, como función pública".
El diputado aliancista Luis María Huete criticó la ley Básica de Medidas de Función Pública, en la que se basa la ley de la Comunidad de Madrid, por "absorbente, acaparadora y ultracontroladora de la actividad administrativa, en la línea de la politización total", y la hizo culpable de que la ley aprobada "no sea fruto de un consenso total".
Por su parte, los grupos Comunista y Mixto denunciaron que la ley "no aborde el tema de la negociación colectiva de los funcionarios" y que mantenga "el sistema corporativista".
Para el portavoz del Grupo Mixto, Manuel Corvo, del PCE, "los socialistas no tienen un proyecto político de función pública". Para el también comunista Emilio Ramón Rodríguez Sánchez, miembro de la Mesa para la Unidad de los Comunistas (MUC), esta ley ahonda más la brecha existente entre funcionarios y laborales".
La ley de la Función Pública aprobada el jueves afecta a unos 23.000 trabajadores, la mayoría de ellos, un 70%, laborales, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las administraciones públicas españolas, según fuentes de la Comunidad.
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