AP empieza a negociar sobre la televisión privada

Alianza Popular (A P) aceptó ayer la oferta del Gobierno de negociar la consecución de un acuerdo sobre el proyecto de ley de regulación de la televisión privada antes de enviar esa normativa al Congreso. Carlos Robles Piquer, coordinador general en AP, se entrevistó ayer durante una hora con el ministro de Cultura, Javier Solana, y con el de Presidencia, Javier Moscoso, con quienes acordó volver a reunirse antes de que concluya esta semana para negociar con más detenimiento. Robles Piquer expresó ayer su impresión de que no existe todavía texto articulado de la ley.

El coordinador general de AP comentó por la tarde que el portavoz del Gobierno no le había presentado un proyecto de ley propiamente dicho, sino que le facilitó dos o tres folios con el contenido esencial del documento aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado. Tras reiterar que el deseo de AP es que sean permitidos tantos canales de televisión como posibiliten los medios técnicos, Robles Piquer aceptó como punto de partida la autorización gubernamental de tres canales privados.El dirigente de AP expuso a Solana la tesis de su partido, consistente en considerar la negociación sobre la regulación de la televisión privada como "uno de los tres actos de una misma escena". Los otros dos son, según la concepción de AP, la "revisión a fondo" del actual Estatuto de Radiotelevisión Española -en la que conservadores y socialistas llegaron a un acuerdo y la renovación inmediata de la dirección del Ente Público, a la que se opone el Gobierno por considerar que no ha expirado el mandato de José María Calviño.

Robles Piquer declaró ayer que, a su juicio, "es buena" la fórmula de reforma del Estatuto de RTVE pactada, y sellada, por su partido con el PSOE, y que mañana por la mañana será sometida, en forma de proposición de ley, a la aprobación del pleno del Congreso de los Diputados. Frente a las discrepancias manifestadas en el seno de la Coalición Popular respecto a la posibilidad de mantener el acuerdo alcanzado con los socialistas, el coordinador general de AP reiteró ayer que la actitud que sostendrá hoy Fraga en la reunión del comité de coordinación de la Coalición Popular será la de actuar en consecuencia con la reforma pactada con el PSOE.

Ello significa, según los dirigentes de AP, respaldar con los votos la proposición de ley y a la vez, exigir la inmediata aplicación de las reformas introducidas en el Estatuto, en particular la ratificación por el Parlamento del nombramiento del director general de RTVE designado por el Gobierno. No obstante, Robles Piquer no condicionó la aprobación de la reforma del Estatuto y la negociación sobre la regulación de la televisión privada a que el PSOE apoye hoy la moción del Grupo Popular de reprobación a José María Calviño.

Robles Piquer indicó ayer que volverá a entrevistarse con Javier Solana y Javier Moscoso probablemente mañana.

Según medios gubernamentales, las consultas con el resto de las fuerzas parlamentarias no se celebrarán hasta que se encuentren avanzadas con el principal grupo de la oposición.

Campañas electorales

Por otra parte, los portavoces de la Minoría Catalana y del grupo parlamentario vasco, Miquel Roca y Marcos Vizcaya, respectivamente, han presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley encaminada a impedir que durante las campañas electorales los medios decomunicación del Estado -el principal de los cuales es RTVE- realicen programas "que contengan propaganda electoral", directa o indirecta, y emitan debates o entrevistas con los candidatos sin previa autorización de la Junta Electoral Central.La normativa propone que el máximo organismo de la administración electoral informe a todas las candidaturas electorales de los tipos de programas, horarios y participantes previstos en los medios de comunicación estatal, con objeto de que los grupos políticos puedan realizar alegaciones y de que estén presentes "al menos, todas las candidaturas con representación parlamentaria en el Congreso".

Asimismo, solicita que los espacios informativos de los medios estatales se limiten "a dar noticia de los actos de propaganda electoral ( ... ) con expresión de su contenido, pero sin hacer valoraciones críticas favorables o desfavorables ( ... )" ni "contener valoraciones de la obra de gobierno realizada ( ... ).".

Miquel Roca y Marcos Vizcaya defienden que "desde las 100.00 horas del día de reflexión hasta el cierre de los colegios electorales en el día de la votación, los medios de comunicación de titularidad estatal, así como todos los demás medios de titularidad privada, se abstendrán en todo caso de emitir cualquier información u opinión que constituya propaganda electoral, o que recomiende, favorezca o perjudique a cualquiera de las opciones". Ello implica que, de aprobarse la proposición, la opinión pública no tendría conocimiento, al menos por la prensa, de los mítines de cierre de campaña, si continuasen celebrándose como hasta ahora en el último día hábil de actividad política. Asimismo, esta propuesta contrasta con la práctica seguida por los principales medios de comunicación españoles de emitir sus opiniones editoriales en las fechas que consideran oportunas, incluidos el día de reflexión y el de la votación electoral.