El Tribunal Constitucional da prioridad al conflicto del poder judicial con las Cortes

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, estimó ayer que la cuestión de inconstitucionalidad sobre la expropiación de Rumasa se resolverá entre septiembre y diciembre de este año, de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos por el pleno del alto tribunal el pasado día 2 de abril. Según estos criterios, Tomás y Valiente anunció que la impugnación del sistema parlamentario de elección de 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial se resolverá antes de agosto.

En un encuentro con informadores celebrado a iniciativa del presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, el presidente del Tribunal Constitucional explicó que los criterios objetivos acordados sobre la bolsa de asuntos pendientes de resolución por el pleno, dan preferencia a la antigüedad, combinada con la atención a aquellos procesos "que afecten a la composición y atribuciones de órganos constitucionales del Estado". En concreto, anuncié el propósito del tribunal de resolver en el periodo abril-julio "los asuntos pendientes ingresados hasta finales de 1983, más aquellos cuya resolución sea aconsejable anticipar en atención al criterio de implicación a órganos constitucionales del Estado".Frente a la interpretación ofrecida ayer por algunos medios, Tomás y Valiente descartó que la cuestión sobre Rumasa se resuelva antes de septiembre de 1986. Recordó que se trata de una cuestión ingresada en el Tribunal Constitucional en 1984 y que existen "158 asuntos de pleno más antiguos que la cuestión de Rumasa".

Tomás y Valiente expresó su voluntad de informar de toda la actividad del Alto Tribunal que no considere secreta y mostró su extrañeza por el escándalo subsistente en algunos medios informativos sobre la llamada filtración de la sentencia de Rumasa, que en nada afectó al cometido de los magistrados, al margen de los problemas de compietencia en la Prensa.

Consejo pluralista

Por otra parte, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, presidió ayer en el Consejo de Estado la toma de posesión de Jerónimo Arozamena como nuevo consejero permanente, así como la de Eduardo Jauralde, Josep Andreu i Abelló y Manuel Jiménez de Parga como consejeros electivos.

En nombre de los tres consejeros electivos, Jirriénez de Parga destacó que esta renovación del Consejo se ha hecho con criteirios de Estado, sin tener en cuenta, dijo, "las fronteras de los canipos políticos de cada uno, bien conocidos, ciertamente". Guerra resaltó el pluralisimo de estos nombramientos, como "un reflejo", dijo "del pluralismo existente en la sociedad española".

Por su parte, el pleno del Consejo General del Poder Judicial eligió ayer dos nuevos magistrados del Tribunal Supremo -Pascual Sala y Miguel Ángel Campos-, y destinó, a petición propia, a Manuel Domínguez Viguera -actual presidente de la Audiencia Provincial de Vitoria- para igual cargo en la de Palencia.