Traslado a Nanclares de Oca de los presos amotinados en Pamplona

Los siete reclusos que el sábado pasado tomaron como rehenes a cuatro funcionarios de la prisión de Pamplona, después de un frustrado intento de fuga, se! encuentran internados desde ayer en la prisión de alta seguridad de Nanclares de Oca (Alava). Fuentes penitenciarias de la capital navarra dijeron a Efe que los cabecillas del grupo fueron los presos Ángel Zamoro Durán, recluso que ya protagonizó graves incidentes en la prisión de Málaga, y Orcoyen Romero, autor de la muerte de un policía nacional en un atraco a una entidad bancaria de Zaragoza.

Los otros cinco participantes en el intento de fuga fueron Isidoro Echeverría Leoz -implicado en el secuestro y posterior asesinato de un taxista pamplonés el pasado mes de diciembre-, Martín Fernández, Jiménez Urdiáin, García Sobrino y Jiménez Arestegui.Las mismas fuentes precisaron que, salvo Isidoro Echeverría Leoz, la mayor parte de los presos amotinados había sido trasladada a Pamplona en los últimos 30 días. Estos reclusos consiguieron apoderarse de cuatro funcionarios, a los que introdujeron en las celdas, donde, según fuentes penitenciarias, recibieron golpes que les causaron contusiones de carácter leve y, rasguños en la cara.

El intento de fuga se inició a las 16.30 del sábado, cuando, armados con objetos punzantes, un destornillador y una azada, retuvieron a los funcionarios, a los que introdujeron en las celdas. Estos reclusos prácticamente se hicieron con la prisión al apoderarse de las llaves que portaban los funcionarios, por lo que cerraron el recinto y dejaron en el patio a la población reclusa que no participó en los hechos hasta las diez de la noche, en que se resolvió la situación.

Exigieron la presencia del juez de guardia, Fermín Zubiri, quien se trasladó a la prisión y no sólo dialogó con los amotinados, sino que incluso les tomó declaración por escrito. Las misma!; fuentes precisaron que los presos le expusieron las condiciones en que depondrían su actitud, sin que se hayan conocido, aunque el juez Zubiri permaneció en la prisión hasta que los siete reclusos fueron trasladados a Nanclares de Oca.

Nada más producirse el intento de fuga, fuerzas de la Guardia Civil tomaron prácticamente el recinto y montaron una discreta vigilancia en el exterior. Más tarde hicieron acto de presencia miembros especiales de este cuerpo, quienes lo intervinieron en el interior, y tan sólo lo hicieron en el momento en que los siete reclusos iban a ser trasladados al furgón, a fin de evitar otros incidentes.

Hacia las 22.30 quedaron en libertad los cuatro rehenes, que fueron liberados escalonadamente. Pasada la medianoche, los siete reclusos salían en dos furgones fuertemente custodiados con destino a Nanclares de Oca. Sin embargo, una vez que los amotinados estaban dentro del furgón y se realizaban los trámites para su traslado, observaron la presencia de dos informadores en el exterior de la prisión y comenzaron a dar gritos de que no se les respetaban los derechos humanos y de que viajaban dos presos autolesionados con cucharas en el estómago.

La prisión de Pamplona tiene unos 160 reclusos, la mayoría de los cuales es preventiva.

Denuncia de la UFIP

Por su parte, la comisión gestora nacional ¿te la Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP) hizo público ayer, después del motín ocurrido en la prisión de Pamplona, un comunicado en el que denuncia el clima de inseguridad que se vive actualmente en las cárceles.

La UFIP asegura que el clima de inseguridad es real, "pese a que el Ministerio de Justicia persista en demostrar lo contrario", y solicita "una vez más a este departamento la tipificación en el Código Penal de la figura del secuestro del funcionario de prisiones en el ejercicio de su cargo".

La UFIP también ha propuesto al Ministerio de Justicia que se cree una comisión conjunta sindicatos-Dirección General de Instituciones Penitenciarias para estudiar las medidas que tomar con el fin de acabar con la inseguridad en los centros penitenciarios.

Los funcionarios han señalado que llevan mucho tiempo denunciando esta inseguridad de las prisiones, como lo corroboran los últimos motines, sin respuesta alguna por parte de la Administración de Justicia.