SAVE cubre la fianza judicial con la escritura de un aparcamiento valorado en 2.000 millones

La Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE), que preside Vicente Iborra, entregó ayer en el Juzgado número 12 de Instrucción de Valencia la escritura de propiedad de un aparcamiento propio, valorado en 2.000 millones de pesetas, como garantía hipotecaria en pago de la fianza de 800 millones de pesetas decretada por el juez Juan Bautista Cremades, instructor del sumario del caso SAVE.

La defensa, además, ha reclamado la nulidad de todas las actuaciones del juzgado, por cuestiones formales: tras la querella presentada contra SAVE por el abogado del Estado, el 23 de diciembre, el juez no habría remitido, el asunto al Decanato de Reparto, según fijan las normas de la Audiencia Territorial de Valencia.El depósito de esta fianza se ha producido, un día después de que SAVE fuera requerida para ello por el juzgado. La empresa, concesionaria de los aparcamientos de 11 aeropuertos españoles, está acusada de haber alterado los partes de recaudación y liquidación de estos estacionamientos hasta defraudar una cantidad no inferior a 777 millones de pesetas.

Procesados los 12 miembros del consejo de administración y 22 personas más por este presunto delito, el juez decretó la responsabilidad civil directa de la empresa y fijó una fianza de 800 millones de pesetas.

Para hacer efectiva la fianza decretada por el juez instructor del caso, Juan Bautista Cremades, SAVE ha entregado la escritura notarial que la acredita come, propietaria de un aparcamiento ubicado en un centro comercial de la capital valenciana, así como, una peritación que cifra el valor del citado inmueble: en unos 2.000 millones de pesetas. La fianza requerida exige constituir una garantía hipotecaria valorada al menos en el doble de la responsabilidad fijada, es decir, en 1.600 millones de pesetas.

Corresponde al juzgado designar peritos que ratifiquen esta valoración y comprueben que en efecto la fianza queda cubierta. En case, contrario, el juez exigiría a SAVE que aportara nuevos bienes hasta alcanzar la cifra de 800 millones.

Recurso de nulidad

Por otra parte, sigue, produciéndose el goteo de recursos contra los procesamientos de las 34 personas implicadas en el caso, pendientes de resolución igual que otros varios presentados por la defensa y que hacen referencia a aspectos formales en muchos casos.El primer recurso contra su procesamiento fue el presentado por Manuel Casanova Safont, consejero secretario y letrado, asesor de la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos, el pasado 4 de marzo. Manuel Casanova basó su recurso en que su actuación en SAVE era la de asesor jurídico, lo que no implicaba su participación en cuestiones que atañeran a la administración de la empresa.

Posteriormente, a finales de la semana pasada, se presentó igualmente el de Vicente Iborra, presidente de la empresa. Paralelamente la última actuación del equipo, defensor que dirige Emilio Attard ha sido la solicitud de nulidad de todas las actuaciones del Juzgado número 12 de Instrucción posteriores al 23 de diciembre pasado, fecha en que el abogado del Estado presentó querella criminal contra los responsables de la presunta malversación. Según la defensa, y a tenor de las normas que rigen en la Audiencia Territorial de Valencia, el juez tenía que haber remitido el asunto al Decanato de Reparto, al que correspondía haber decidido qué juzgado instruiría el caso. La defensa sostiene que este trámite no fue realizado.

En cualquier caso, fuera el que fuera el nuevo juzgado designado, éste habría remitido la querella al Juzgado número 12 de Instrucción, por ser el que cuenta con antecedentes del mismo asunto, según informaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes estimaban que la práctica totalidad de los recursos presentados por la actuación de la defensa será rechazada en los próximos días.