Brasil renegocia sus créditos sin la presencia del FMI
La primera señal de que la reforma económica decretada en Brasil podrá tener impacto más allá de las fronteras del país surgió en Washington, cuando los bancos acreedores aceptaron un nuevo acuerdo para el pago de la tercera parte de la deuda externa de Brasil. La noticia fue divulgada el domingo como una victoria, del Gobierno, ya que la reducción de los intereses y la disminución de las tasas de spread en las nuevas fechas se han logrado sin que el Gobierno recurriese al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al mismo tiempo, miembros del Gobierno se apresuraron a aclarar que las drásticas medidas decretadas el pasado viernes fueron impuestas sin ninguna consulta o comunicación previa con el FMI. Hubo una preocupación por evitar cualquier relación entre el decreto y el acuerdo con la banca internacional, separados por 48 horas. Varias de las medidas adoptadas el viernes tienen muchos puntos en común con la clásica receta del FMI.La Prensa brasileña divulgó destacadamente ayer las afirmaciones de William Rhodes, presidente del comité de asesoría de los bancos acreedores del Brasil, indicando que los resultados positivos del sector externo de la economía brasileña han sido decisivos para que la negociación llegase a buen término. Rhodes destacó asimismo las condiciones del acuerdo del domingo, consideradas positivas para Brasil sobre todo con la disminución de la tasa de riesgo, o spread, que bajó del 2,5% al 1,25% sobre la tasa interbancaria de Londres.
El acuerdo se refiere a 6.000 millones de dólares vencidos el año pasado, 9.000 millones que vencen en 1986 y 15,5 millones en líneas de crédito comercial e interbancario.
Los economistas del Gobierno brasileño, pese a su negativa a vincular el acuerdo a las nuevas y drásticas medidas divulgadas el pasado viernes, insisten en afirmar que se trata de otro paso positivo para la economía del país. Los sindicatos, sin embargo, siguen en una postura rígida en contra del decreto, que congeló todos los sueldos tomando como promedio la inflación de los últimos seis meses, mientras se congelan los precios en su punto máximo de inflación. Las centrales sindicales afirman su disposición en estudiar la posibilidad de una huelga general. El Gobierno, mientras tanto, se lanzó en una formidable campaña publicitaria en favor de las medidas económicas.
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