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Editorial:

La renovación del poder judicial

LAS DECISIONES adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial para ratificar o sustituir a los presidentes de las seis salas del Supremo y a los de las 16 audiencias territoriales se han mantenido en un cierto espíritu de continuidad, sólo rota en cinco de esos casos. Esa política de designaciones ha decepcionado las expectativas de quienes apostaban por un cambio radical en la administración de justicia. La limitación temporal de esos mandatos de cinco años, que altera el carácter vitalicio de los antiguos, no cierra la posibilidad de renovaciones más extensas en un futuro.La sustitución de Rafael Mendizábal como presidente de la Audiencia Nacional por Gonzalo de la Concha -hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal de esa jurisdicción especializada- ha sido la decisión más polémica. Rafael Mendizábal atribuye su cese a las moderadas críticas por él dirigidas contra la ley orgánica del Poder Judicial. Según el supuesto represaliado, el anterior régimen tuvo un comportamiento mucho más generoso con la "demoledora crítica" de la ley de Defensa de la Competencia realizada por el ex presidente de la Audiencia Nacional hace 20 años, hasta tal punto que las autoridades franquistas -un sistema que al menos "no se autodenominaba democrático"- le harían poco después subsecretario de Educación. Sin embargo, esa interpretación victimista no termina de encajar con el resto de las explicaciones de Mendizábal (quien afirma a la vez no haber solicitado la continuidad en su puesto y haber enviado "un breve escrito" para manifestar su deseo de continuar en el cargo). Porque, según la versión del afectado, el ministro de Justicia -un verdadero "caballero"- no sólo no tendría nada que ver con su defenestración "arbitraria e injustificada" -decidida por corta mayoría del Consejo General-, sino que habría patrocinado su candidatura. Si esa suposición llega a confirmarse, resultaría que Mendizábal ha contado con la complicidad de un miembro del Gobierno para tratar de influir ilícitamente en una decisión soberana del Consejo General. La existencia de una intriga fracasada, protagonizada por el ministro de Justicia y por el propio interesado, pondría entonces de relieve la independencia del Consejo General frente al Ejecutivo. Por lo demás, círculos jurídicos vinculan el cese de Mendizábal a su enfrentamiento, cuando era subsecretario franquista de Educación, con los sectores progresistas de la Universidad. Algunos de quienes protagonizaron entonces la protesta univeristaria contra la dictadura y fueron represaliados se sientan hoy en el Consejo General del Poder Judicial.

Merece la pena señalar que la Audiencia Nacional, de la que dependen los juzgados de instrucción centrales, ha sido objeto de severas críticas, por la demora de importantes sumarios (por ejemplo, el de la colza), por la falta de vigilancia judicial sobre las actuaciones policíales referidas a los delitos terroristas y por el contenido de algunos autos y sentencias. De hecho, sorprende que el Consejo del Poder Judicial no haga algún tipo de llamamiento al legislativo para que acabe con estajurisdicción especializada, demasiado parecida a un tribunal especial. En definitiva, las esperanzas de renovación puestas en el nuevo Consejo del Poder Judicial parecen ahora en gran parte infundadas: el corporativismo o la impotencia siguen oponiéndose a la reforma de la administración de justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de enero de 1986