Campsa y Butano conservarán hasta 1992 el monopolio de hecho en la venta de muchos productos petrolíferos

La nueva Campsa y Butano, SA, conservarán, hasta la culminación del proceso de adaptación a la normativa comunitaria en 1992, un monopolio de hecho en la distribución y venta de la mayor parte de los productos petrolíferos, concretamente los combustibles y carburantes. Asimismo, Campsa se ha reservado, durante tres años, la exclusividad en la distribución de los lubricantes de automoción, incluso frente a la oposición de los fabricantes nacionales, que deseaban una mayor libertad del mercado con el fin de rodar su capacidad comercial frente a la competencia total que existirá dentro de siete años.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha insertado a lo largo de los últimos días del año pasado varias disposiciones oficiales que desarrollan el decreto-ley sobre la adaptación del monopolio de petróleos a la normativa comunitaria que apareció publicado el pasado 13 de diciembre. En un deseo no oculto de mantener protegido un sector que mueve más de cinco billones de pesetas al año, la nueva legislación sobre el monopolio de petróleo deja intactas numerosas prerrogativas y funciones de Campsa, restringiendo incluso, en algunos casos, el margen de maniobra que, en determinados productos, tenían las refinerías, los distribuidores y las estaciones de servicio nacionales.El palo más duro, sin embargo, ha caído sobre las multinacionales del sector que, con más o menos voluntad, miraban hacia la España comunitaria como un mercado potencial para colocar, cuanto menos, algunos de sus excedentes. La nueva legislación sobre el monopolio, considerada como muy restrictiva por medios comunitarios, ha provocado ya las protestas específicas de algunas multinacionales. En fuentes próximas a algunas de ellas se afirma que la nueva legislación española será contestada ante los tribunales comunitarios en los próximos días.

Acción holandesa

El Gobierno del primer ministro holandés, Rudd Lubbers, a través de su ministro de Comercio, ha sugerido recientemente su intención de iniciar acciones ante los tribunales de la competencia de Bruselas por lo que considera una perpetuación del monopolio comercial de petróleos en España. En medios petroleros españoles se teme a una acción de este tipo, que podría paralizar en gran parte la normativa jurídica que está en marcha desde el día 1 de enero y, sobre todo, el desarrollo comercial de la nueva Campsa y sus ambiciosos planes de modernización.

Fuentes oficiales españolas defienden, sin embargo, el entre lazado jurídico aparecido a lo largo de la última semana en el BOE y argumentan la lógica que mueve el intento de un sector que, resguardado por la ley del monopolio de petróleo de 1927, ha permanecido, con más o me nos éxito, al margen de los vaivenes recientes que ha experimentado en todo el mundo el negocio del petróleo. En este sentido, se duda de que un país comunitario, o compañía extranjera, lleve adelante una acción de este tipo, en parte debido a la complejidad legal que puede acarrear la misma y la larga duración del proceso.

De acuerdo a la legislación aparecida en el BOE, Campsa (o Butano, en el caso de los gases licuados del petróleo) se reserva en España la exclusividad de la distribución y venta de los carburantes y combustibles de producción nacional, así como la importación de productos petrolíferos procedentes de países no comunitarios. La importación y distribución al por mayor de productos petrolíferos procedentes del resto de la CEE será libre, pero estará sometida a unos cupos (hasta un máximo del 10% del mercado a finales de 1992) que han sido previamente negociados con la CEE.

La venta al por mayor de estos cupos correrá a cargo de aquellas personas físicas o jurídicas que cumplan una serie de requisitos, previamente fijados por el Gobierno, tales como capacidad técnica y financiera adecuada, tener garantizados unos suministros mínimos, una capacidad de almacenamiento determinado, unas existencias estratégicas de 90 días y poseer una adecuada distribución geográfica de sus productos.

La venta al por mayor, es decir, a través de las gasolineras, fue regulada por el Real Decreto del 27 de diciembre de 1985 y restringe aún más la capacidad de una empresa o persona física para ejercer esta función, es decir, llegar al consumidor. Aquí la ley establece un Registro de Operadores en el Ministerio de Industria, donde las empresas se verán obligadas a acreditar su capacidad para desarrollar esta actividad. Para algunos expertos, es en esta disposición donde se restringe, de hecho, la posibilidad de que una multinacional pueda acceder al mercado español, al establecer unas condiciones de difícil cumplimiento o, por lo menos, que hace escasamente rentable el negocio.

La idea que existe en el sector petrolífero es que, con esta legislación, se ha perseguido que Campsa y las multinacionales interesadas en acceder al mercado español establezcan acuerdos con la propia Campsa para repartirse el cupo de productos procedentes de la CEE que tendrán acceso al mercado español. Estos cupos, fijados en el acuerdo de adhesión, son del orden del 4% (alrededor de 1,5 millones de toneladas) en 1986, para ir subsiguientemente elevándose (20% anual, acumulativo) hasta totalizar un 10% en 1992. Ya que Campsa, y otras personas jurídicas podrán importar libremente de la CEE, las multinacionales verán aún más restringido su acceso al mercado español.

Liberación paulatina

Otros dos problemas adicionales que han surgido con la nueva legislación se refieren al mercado de los lubricantes de automoción, donde Campsa se reserva por tres años la exclusividad de su distribución, y el referente a las estaciones de servicio, donde el Estado, y Campsa como entidad delegada, pueden iniciar procesos de expropiación si no se atienen a una serie de requisitos o condiciones. Este último apartado es importante por afectar a los planes de Campsa de crear una especie de Central de Compras, que suministre a las gasolineras, y a las tiendas que en ellas se instalarán, de los productos no energéticos susceptibles de venta.

Según fuentes del sector, los planes de Campsa puede perjudicar a los propietarios y concesionarios de las estaciones de servicio y a aquellas empresas petroleras que, con intereses en el mercado de lubricantes, pueden estar motivadas en esta área por meras razones comerciales.