Disney, el sueño que ha costado una peseta por español

Gran parte del coste de los estudios efectuados por Disney sobre los posibles emplazamientos españoles para su parque europeo de atracciones han sido sufragados por el erario público. Sin contar los sueldos de los funcionarios dedicados a preparar los miles de documentos e informes solicitados por la empresa, medios de la Secretaría de Estado de Turismo han evaluado los gastos directos en unos 35 millones de pesetas.De esta cantidad, unos cinco millones han ido a pagar los hoteles y gastos de las estancias en España de los directivos de Walt Disney. También los seis viajes en avioneta realizados por ellos y los negociadores españoles para sobrevolar la costa mediterránea han corrido a cuenta de la Administración. No obstante, los mayores gastos -unos 20 millones de pesetas- han correspondido a las fotografías aéreas y a los planos de las zonas elegidas, así como los accesos a las mismas.

La inversión en el proyecto, despreciable en relación con los beneficios que hubiera proporcionado a la economía nacional la elección de España, segun fuentes allegadas a los negociadores, estuvo a punto de elevarse en otros 150 o 200 millones de pesetas. Éste era el coste de unos estudios sobre impacto de Eurodisney en el medio ambiente y sobre medidas compensatorias para los ayuntamientos afectados por su instalación. Los propuso a principios de noviembre la empresa pública SEPES, autora de los trabajos hechos antes del verano de cara a eventuales expropiaciones de terrenos. Pero la propuesta fue rechazada por el negociador Guillermo de la Dehesa, secretario general de Comercio. Por entonces, éste e Ignacio Vasallo, representante de la Secretaría General de Turismo, empezaron a mostrarse intranquilos sobre los resultados de las negociaciones, segun vanos colaboradores de los mismos. Su estrategia descansaba en explotar tanto el potencial turístico de España como la ventaja de no pertener a la CEE hasta enero próximo. Después, debe modificarse el sistema de incentivos a la inversión, para adaptarlo a las normas comunitarias sobre competencia y subvenciones.

Precisamente por ello, el Gobierno español puso énfasis en la oferta de ayudas económicas y urgió a Disney que eligiera entre España y Francia antes del 31 de diciembre. Sus negociadores habían comunicado a la multinacional que el Parlamento estaba a punto de aprobar la ley de incentivos regionales. Ésta refunde y adapta a la CEE el viejo conglomerado de ayudas a la inversión, en el que se apoya la oferta. Pero habían tomado una cautela para cumplir al tiempo con la CEE y con Disney: la disposición transitoria segunda de la ley señala que "los expedientes en tramitación en el momento de entrar en vigor esta ley continuarán rigiéndose por las disposiciones a que se hubiesen acogido en cada caso las solicitudes".

El dato de que la cúpula de Disney se decidió por Francia por sólo un voto -tres contra dos, según fuentes de la multinacional- indica hasta dónde había llegado la oferta española. Para avalar la rentabilidad del Europarque, España tenía que superar con mayores ayudas económicas las enormes ventajas del país vecino en renta por habitante, densidad de población y comunicaciones.

Sin revelar el contenido concreto de su última oferta, porque dicen desconocer la de Francia, fuentes españolas han dicho que económicamente era mejor. La subvención directa ascendía al 24% de toda la inversión (200.000 millones de pesetas en el parque propiamente dicho, y hasta 350.000 con el complejo hotelero que lo rodearía). De la misma, que no incluye las exenciones casi totales de impuestos y otros beneficios ni los créditos oficiales por otro 20%, se descontarían tres conceptos para calcular el importe de las entregas en metálico: el valor del suelo expropiable, el coste de las infraestructuras que ejecutaría el Estado en los accesos y la diferencia entre el interés de dichos créditos y los tipos de mercado.

Por el enorme coste económico de estas ayudas -Disney pondría al final menos del 5% de la inversión, pues buscaría socios para formar el capital de la empresa propietaria del parque-, altos cargos de los ministerios de Economía y Hacienda y de Obras Públicas y Urbanismo mostraron desde el principio grandes reticencias. Muchas de ellas fueron vencidas, incluso conforme era mejorada la oferta, por el interés que se atribuía al propio presidente del Gobierno, Felipe González. Pero ni la presunción de los enormes beneficios que se derivarían para la economía impidió que algunos de los reticentes sintieran alivio al saber que Disney iba a Francia.

Sin embargo, los indicios sobre las secretas condiciones de la oferta francesa apuntan que era económicamente mejor de lo que suponían los negociadores españoles. Francia regala los terrenos, las autopistas de acceso, la extensión del metro de París y otras infraestructuras. Además, ofrece un sistema de créditos tan competitivo como el español. Y parece existir algo más atractivo: unas subvenciones de hasta el 15% del valor del proyecto. Promesa que quizá roza, según fuentes españolas, las restricciones comunitarias en esta materia. Algunas fuentes galas han bara ado la posibilidad de que el acuerdo final que deberán concretar dentro de tres meses Disney y el Gobierno francés prevea incluso una garantía expresa sobre la rentabilidad del parque. Con todas las reservas propias de lo difícil que resulta comparar las ofertas, si en España Disney iba a poner menos del 5% de la inversión, en Francia no llegará al 10%.