La ley antiterrorista, origen de una larga polémica jurídica

La ley antiterrorista, aplicada desde el momento de su detención a Mikel Zabaltza, ha sido una de las normas legales más polémicas durante su debate parlamentario, en 1984, y también después de haber entrado en vigor, a comienzos de este año, ya que desde diversos estamentos políticos y jurídicos se instó a que fueran presentados recursos de inconstitucionalidad contra la ley, extremo que finalmente realizaron solamente los parlamentos vasco y catalán.

La ley, denominada ley orgánica contra las Actuaciones de Bandas Armadas y Elementos Terroristas, faculta a la policía para no poner a disposición judicial a presuntos terroristas hasta 10 días después de haber sido detenidos, posibilita al Gobierno el cierre de medios de comunicación social que hagan apología del terrorismo y abre el camino jurídico para que asociaciones que justifiquen el uso del terrorismo puedan ser declaradas ilegales.

Durante su discusión en las Cortes, el correspondiente proyecto legal elaborado por el Gobierno fue apoyado por el Grupo Parlamentario Popular y por Minoría Catalana, mientras los parlamentarios vascos y comunistas rechazaron el texto.

Marcos Vizcaya, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), declaró entonces que la ley "descalifica la democracia", y Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, afirmó que el artículo 14 de la ley "estimula esa vergüenza nacional que es la tortura".

Artículo 14

Es precisamente el artículo 14 el relativo a la posibilidad de que los presuntos terroristas no sean puestos a disposición judicial en el plazo máximo de tres días, como es la norma general, sino en el plazo de 10 días. Quienes, como Bandrés, defendieron que este artículo fomentaba la tortura, argumentaron que la Constitución ampara a los detenidos a no realizar declaración alguna ante la policía, por lo que era absurdo prolongar el plazo de detención, a no ser -comentaba- que con dicha ampliación se pretendiera arrancar algún tipo de confesión no voluntaria.Una vez aprobada la ley, que entró en vigor el pasado 4 de enero, varias organizaciones instaron al defensor del pueblo, Joaquín Ruiz Giménez, a que presentara recurso de inconstitucionalidad, pero, tras estudiar el problema con varios expertos, Ruiz Giménez no lo hizo, por lo que fue objeto de numerosas críticas.

Partidos de izquierda o asociaciones de diverso signo, como la Pro Derechos Humanos, se expresaron contra la ley y convocaron manifestaciones contra ella.

Esta polémica ley sustituyó a otra, aprobada a finales de 1981, que también incluía la prórroga de 10 días de incomunicación a que pueden ser sometidos los detenidos como presuntos terroristas, aunque la actual incluye más supuestos en contra de los presuntos terroristas.

La ley anterior, también objeto de fuertes polémicas sobre su contenido, fue aplicada en febrero de 1981 al etarra Joseba Arregui, quien falleció en Madrid tras sufrir malos tratos policiales.