Las reuniones entre el fiscal Jiménez Villarejo y la policía, reducidas al mínimo

Las reuniones de coordinación entre el fiscal antidroga, José Jiménez Villarejo, y el comisario general de Estupefacientes, Florentino Gómez Mesa, se han reducido al mínimo después de que surgieran discrepancias entre el fiscal y las fuerzas de seguridad del Estado, que culminaron con la solicitud de relevo en el cargo por parte de Jiménez Villarejo, según ha confirmado este periódico en fuentes policiales.La Fiscalía General del Estado ha aceptado formalmente la petición de relevo del fiscal antidroga y estudia el candidato para ocupar el cargo que designará en un plazo aún sin determinar. La Fiscalía General del Estado afirmó, tras publicar EL PAIS que Jimenez Villarejo había solicitado su relevo, que no tenía conocimiento formal de tal petición.

José Jiménez Villarejo adoptó esta decisión por considerar ineficaz su puesto si no tenía la dirección en las investigaciones de todos los cuerpos policiales para la represión del tráfico de estupefacientes.

Esta primera situación provocó serias discrepancias del fiscal antidroga con los responsables policiales y con el Ministerio del Interior, puesto que los cuerpos de seguridad obedecen a sus mandos jerárquicos, y se resistían a que Jiménez Villarejo fuera el encargado de dirigir sus investigaciones.

Expedientes a policías

Asimismo, el hecho de que Jiménez Villarejo trasladara varios expedientes a las audiencias provinciales de varias poblaciones sobre la presunta implicación de funcionarios de policía en la desaparación de droga decomisada a traficantes parece que colmó el vaso de las discrepancias entre la policía y el fiscal. Según fuentes políciales, éste fue el detonante final para que los responsables policiales adoptaran la política de oídos sordos en relación con la Fiscalía Especial Antidroga.La guerra fría establecida entre el Ministerio del Interior y el fiscal José Jiménez Villarejo ha culminado con que el cargo creado por el Gobierno socialista se haya convertido en un puesto funcionalmente vacío que sólo recibe estadísticas sobre el decomiso de drogas en España, según fuentes judiciales.