El juez pedirá auditorías a las empresas implicadas en fraudes a la Seguridad Social

Las declaraciones de los presuntos implicados en el fraude a la Seguridad Social descubierto en Barcelona en octubre de 1982 concluirán en el mes de diciembre próximo, según declaró Germán Gambón, titular del Juzgado de Instrucción número 2, encargado del sumario. Asimismo explicó que solicitará una auditoría general de todas las empresas probablemente a primeros del año próximo.

Las declaraciones de los presuntos implicados en el fraude a la Seguridad Social concluirán antes de final de año. Parte de estas declaraciones no se ha podido llevar a cabo por haber fallecido las personas o por la desaparición de las empresas. Todavía no se ha recibido la totalidad de los documentos que forman la prueba pericial solicitada a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social por lo que aún se desconoce el supuesto fraude de cada empresa.La auditoría general que piensa solicitar el juez evaluará en su totalidad la magnitud del fraude, aunque se realicen investigaciones empresa por empresa. El juez podría designar a dos peritos para llevar a cabo este trabajo o bien podrían ser asignados por el Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas. Con el resultado de esta auditoría se podrán conocer con certeza las cantidades supuestamente defraudadas por cada sociedad.

Parte de las empresas implicadas en el fraude a la Seguridad Social está pagando actualmente las cotizaciones que debieron abonar en las sucesivas liquidaciones de los años 1979, 1980, 1981 y principios de 1982. Algunas de las sociedades ya se encuentran al día en el pago de la deuda contraída, y otras abonan mensualmente 500.000 pesetas para poner al corriente las cotizaciones. De esta forma, varias de las empresas implicadas estarán al corriente en el pago de las cotizaciones cuando se celebre el juicio o, tal vez, antes incluso de que se concluya el sumario, según informaron fuentes judiciales.

En cualquier caso, el pago no les exime de responsabilidad penal, aunque sí de la civil. Si la sentencia es condenatoria, los responsables tendrán que responder penalmente del delito de fraude, pero no se les requerirá el pago de indemnizaciones a la Seguridad Social.

Los pagos de la deuda se realizan directamente a la Tesorería de la Seguridad Social, pero el juzgado instructor tiene conocimiento de ellos, puesto que en muchos casos son los mismos empresarios los que lo comunican al juez aportando los recibos, documentos que quedan depositados en el sumario.