"Una oportunidad para salir adelante"

Consuelo. Roca Basanta, de 30 años, madrileña, diplomada en Historia, una de las cuatro personas que se han autoinculpado del delito de encubrimiento de tres jóvenes con condenas pendientes, a los que consideran rehabilitados, tiene muy claro que ninguno de ellos volverá a delinquir y que lo único que desean es tener un trabajo y vivir tranquilos. "Creo en ellos porque los conozco, he seguido su trayectoria en los últimos años y tienen derecho a que se les dé una oportunidad para salir adelante", dice.Consuelo, que trabaja,con un grupo de educadores del barrio madrileño de Entrevías que se ocupan de jóvenes con problemas de marginación, asegura que en el tiempo que ha tardado la justicia en juzgar a estos tres muchachos, ellos han encontrado la forma de normalizar su vida.

"Las sentencias firmes cayeron como bombas", asegura. "Los tres tuvieron que dejar su vida en Madrid, ante el peligro de ser detenidos, y arriesgarse a vivir lejos de sus familias, con el riesgo que supone la clandestinidad. Todo puede acabar para ellos el día que un policía les pare en la calle y les pida la documentación".

Cuando los educadores les plantearon la posiblidad de difundir su caso y debatir públicamente la necesidad de nuevas vías de reinserción que no pasen por la cárcel, la única condición que planteó cada uno de ellos fue que su caso se incluyera dentro de un grupo.

El colectivo de educadores llegó a la conclusión de que debía solicitar al Ministerio de Justicia la creación de un nueva figura legal, la libertad a prueba, tras "comprobar que no existen otras vías que permitan la reinserción de los delincuentes comunes". "En múltiples ocasiones", explica Roca, "hemos pedido indultos, y nunca conseguimos ni uno. Bueno, en una ocasión se le concedió a un muchacho un indulto. Llegó el mismo día que terminaba su condena".

Durante varios meses, el grupo de educadores de Entrevías ha mantenido entrevistas con altos cargos de la Administración. Entre otros, Gregorio Peces Barba, presidente del Congreso; Pablo Castellano, vocal del Consejo del Poder Judicial y dirigente de Izquierda Socialista, y Joaquín Ruiz Gimenez, defensor del pueblo. Les han explicado la situación en la que se encuentran estos jóvenes. "Alucinan con los cosas que les contamos", dice Roca, "y nos prometen toda su ayuda. Luego se impone la burocracia y sólo conseguimos buenas palabras".

La libertad a prueba, según Consuelo, se aplica en países como Holanda o Francia, y de su cumplimiento se encargan las instituci9nes penitenciarias. En el curso de unas jornadas judiciales que se celebraron en Barcelona el pasado año, varios juristas plantearon a Fernando Ledesma la posiblidad de introducir este nuevo concepto. El ministro dijo que lo estudiaría. Hasta ahora, nada más se sabe.