Un centenar de jóvenes, obligado a incorporarse al servicio militar

Un centenar de jóvenes de la IV Región Militar que presuntamente habían falsificado sus certificados médicos para librarse del servicio militar han sido obligados, desde el mes de junio de 1984, y por resolución de la Capitanía General, a incorporarse a filas. El fraude fue descubierto a principios de 1984 por el Servicio de Información de la Guardia Civil.Los mozos incorporados hasta ahora tienen edades comprendidas entre los 24 y 25 años y pertenecen en su mayoría a las cajas de reclutas 411, 412 y 413 de Barcelona. La cifra de los expedientes investigados hasta ahora por el Juzgado Permanente Militar supera los 3.000, según fuentes de los abogados defensores de los presuntos implicados.

Durante esta semana se han incorporado a filas unos 20 mozos presuntamente implicados en el fraude y que, tras haber sido requeridos para pasar una nueva revisión médica en el hospital Militar, fueron declarados "útiles para el servicio militar".

Sin embargo, el pasado jueves, dos de estos mozos, de 23 y 24 años de edad, pudieron eludir sus incorporaciones al haber presentado sus abogados un recurso contencioso- administrativo ante la Sala Segunda de la Audiencia Territorial de Barcelona contra, la resolución del capitán general de la IV Región Militar en la que se dictaban dichas incorporaciones a filas.

Las falsificaciones de los certificados médicos fueron descubiertas de una manera casual cuando un oficial del hospital Militar de Barcelona localizó los certificados médicos de tres jóvenes que pretendían eludir el cumplimiento del servicio militar y que estaban extendidos por un mismo médico, pero con el detalle de que en cada uno de los documentos las firmas que aparecían eran diferentes.

Las declaraciones de los mozos y las investigaciones complementarias realizadas por la Guardia Civil adscrita a la Capitanía General y del CESID permitieron descubrir una trama que funcionaba desde hace varios años y que se supone, según fuentes jurídicas, que se dedicaba, a la venta y falsificación de los mencionados certificados, por lo que se llegaron a pagar en algunos casos hasta un millón de pesetas.

A raíz de las investigaciones, se encuentran actualmente procesados tres civiles y cuatro militares como presuntos integrantes de la trama falsificadora de los documentos. Se trata de Carlos Fernández Gómez; un civil empleado de banca y vecino de La Garriga; el brigada Antonio Illescas y un soldado, destinados en la caja de reclutas 413; otro soldado destinado en el hospital Militar; los civiles Martí Gruells y Ventura Oller -este último se encuentra huido de España a Andorra, donde reside actualmente-, y el coronel Emilio Hernández Maldonado, ex jefe de la caja de reclutas 412 y actualmente en situación de jubilado.