Los obispos búscan sitio

LOS DISCURSOS episcopales más recientes parecen apuntar hacia un cambio de frentes de la jerarquía eclesiástica. El Estado había sido hasta ahora el principal interlocutor secular de la Iglesia, cuya presencia en la vida pública española tenía como punto de referencia básico -favorable o adverso- a las instituciones del poder. Una de las consecuencias inevitables de ese planteamiento tradicional era que la jerarquía prestase por lo general mucha mayor atención a la construcción del ordenamiento jurídico-político, en busca del reforzamiento de sus posiciones, que a la formación de sus catecúmenos. Sin embargo, algunas batallas recientes -en torno al divorcio, al aborto y al régimen de subvenciones presupuestarias a los colegios religiosos- parecen haber enseñado a los obispos españoles que sus apelaciones genéricas a la ley natural y a la mayoría sociológica no sólo no influyen de manera operativa sobre las intenciones de voto de los católicos sino que los alejan de las auténticas preocupaciones populares o que despiertan el anticlericalismo larvado de significativos sectores de opinión.Hace ya más de dos años, el documento Testigos del Dios vivo, aprobado en la anterior asamblea episcopal, levantaba acta de las dificultades intrínsecas al discurso religioso en la sociedad de consumo y se planteaba el horizonte de una segunda evangelización de España. El orden del día de la asamblea episcopal española clausurada-la semana pasada, en consonancia con esas nuevas preocupaciones, anunciaba la discusión de un documento cuyo contenido había concitado grandes expectativas. En efecto, la comisión de obispos encargada del texto sobre Constructores de la paz, laboriosamente preparado durante más de año y medio, había requerido las opiniones y Solicitado las aportaciones de una amplísima gama de expertos, entre los que figuraban miembros de las Fuerzas Armadas. Pero el choque entre los redactores del documento y el ala más conservadora del episcopado impidió que la declaración saliera adelante. Las vísperas del debate en el Congreso sobre política exterior y de la definitiva adopción por el presidente del Gobierno de su decisión sobre el referéndum de la OTAN hubieran dado, sin embargo, a esa anunciada cita de los obispos con la opinión pública una excepcional oportunidad -desaprovechada- para el debate.

Por lo demás, algunas ideas del discurso inaugural del presidente de la conferencia continúan promoviendo la discusión y siendo objeto de interpretaciones contrapuestas. La denuncia del "excesivo dirigismo de los partidos políticos" y de los peligros de "estatalización de la sociedad" posee demasiadas implicaciones como para ser despachada de manera simplista. Según el presidente de la Conferencia Episcopal, los procedimientos de actuación sobre la sociedad están siendo acaparados por los poderosos recuisos del Estado. Es posible que esa observación se proponga únicamente combatir el absentismo y la pasividad todavía existentes en nuestra sociedad civil, herencia en buena parte del temor reverencial al poder fomentado por 40 años de dictadura y por un régimen que se propusó ahogar, con la fuerza bruta de los aparatos estatales, la espontaneidad y la creatividad sociales. Sucede, sin embargo, que el sistema democrático, por muchas que sean sus carencias o sus defectos, concede a los ciudadanos, gracias a la libertad de voto, de asociación y de expresión, oportunidades de participación actualizables en gran medida sólo a través de los partidos, a los que la Constitución asigna la función de expresar el pluralismo político y de concurrir a la formación y a la manifestación de la voluntad popular. Que España se halle todavía lejos de alcanzar los grados de participación ciudadana y de transparencia democrática deseables y posibles no debería llevar a infravalorar los impresionantes logros conseguidos durante estos 10 últimos años ni a arrojar sospechas o reticencias sobre el decisivo papel que corresponde a los partidos en el funcionamiento del sistema.

Por lo demás, los efectos negativos de las especializaciones en la división social del trabajo no afectan exclusivamente a las relaciones entre los ciudadanos y la clase política. ¿No podía trasladarse esa misma preocupación al funcionamiento interior de la Iglesia española? ¿Cómo piensan los obispos españoles que se interese la opinión pública por sus enseñanzas si ocultan deliberadamente las cuestiones que debaten? ¿Por qué no hacen pública, como es costumbre ya en el episcopado norteamericano, la lista de los expertos consultados? El ritmo del cambio en las actitudes y los planteamientos de los obispos no parece caminar a la par de la velocidad de los acontecimientos que viven y sufren los españoles. Sin luz y sin taquígrafos los obispos seguirán viviendo de espaldas a esa sociedad a la que pretenden convencer. Si ellos mismos no se abren a una mayor participación, difícilmente encontrarán las mediaciones necesarias para poder influir sobre una sociedad plural y harta de imposiciones magisteriales. La nueva frontera de los representantes de la Iglesia española no es coherente con su resistencia a asumir los principios de diálogo y de transparencia imprescindibles para la penetración de cualquier mensaje social. Para resultar convincente, la crítica a los demás exige muchas veces predicar previamente con el propio ejemplo. Y éste puede ser el caso de la reciente denuncia de los obispos a las limitaciones que puede encontrar la participación ciudadana, como consecuencia de la excesiva presencia del aparato del Estado y de los partidos, en la adopción de las decisiones que afectan a nuestra vida pública.