España propondrá a la CEE pagar menos por los gastos de las instituciones
Los técnicos comunitarios españoles propondrán a la Comunidad Económica Europea (CEE), como una de las fórmulas para conseguir un equilibrio presupuestario con la CEE en 1986, que se exima de pagar a nuestro país determinados gastos correspondientes al funcionamiento de las diversas instituciones comunitarias. Concretamente, dicha exoneración de gastos sería de 63 millones de ECU (unidad de cuenta europea), lo que equivale a unos 8.500 millones de pesetas.
Esta alternativa responde a la insatisfacción española ante el proyecto de presupuesto de la CEE para 1986, aprobado en primera lectura el pasado jueves por el Parlamento Europeo. Según dicho proyecto, España seguiría siendo contribuyente neto a las arcas comunitarias en más de 100 millones de ECU (unos 13.500 millones de pesetas). El primer proyecto de presupuesto, aprobado por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la CEE en septiembre pasado, arrojaba un saldo negativo para España de unos 77.600 millones de pesetas, y de 16.000 millones para Portugal.Aunque el tema del presupuesto correspondiente a 1986 no figura en el orden del día del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas que se celebrará el próximo lunes en Bruselas, es probable que la delegación española reitere su postura sobre el mantenimiento de los acuerdos sobre el equilibrio presupuestario, alcanzados durante la negociación para la adhesión. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Economía, dirigirá la delegación española en ese Consejo de Ministros.
En medios españoles se espera que el siguiente Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, previsto para el 26 de noviembre, rectifique su postura inicial y se incline hacia el proyecto de presupuesto del Parlamento Europeo.
Jubilaciones anticipadas
Por otra parte, los embajadores permanentes debatieron esta semana la integración de los cerca de 1.000 funcionarios españoles en la CEE, para lo cual deberán ser jubilados anticipadamente unos 550 funcionarios actuales en los próximos cinco años.
No obstante, según han confirmado fuentes comunitarias españolas, la Repúblick Federal de Alemania y el Reino Unido están mostrándose reticentes a esta operación. Las mismas fuentes aseguraban que la Comisión Europea está utilizando la ampliación para llevar a cabo una limpieza interna de sus servicios.
