Petición en el Coloquio Europeo de Derechos Humanos de órganos judiciales permanentes

El VI Coloquio Europeo sobre Derechos Humanos, que se celebra en Sevilla, analizó ayer las responsabilidades de los 21 Estados del Consejo de Europa y de sus propios órganos, con sede en Estrasburgo, en la deficiente aplicación de la Convención Europea. Como solución al atasco de asuntos pendientes por la lentitud de la jurisdicción europea y el incremento de demandas de particulares contra Estados se propuso convertir a la comisión y al tribunal europeos de Derechos Humanos en órganos judiciales permanentes.

Ayer concluyó el debate sobre las cuestiones centrales del coloquio -libertad de expresión y responsabilidad en la aplicación del convenio-, sobre las que hoy el ponente general, Juan Antonio Carrillo, expondrá las conclusíones, en la sesión de clausura que presidirá el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Respecto a la primera cuestión, Carrillo dijo que corresponde al poder demostrar que las restricciones a la libertad de expresión e información son aceptables en democracia; en cuanto al segundo, defendió la supranacionalidad de los órganos del Consejo, cuya legitimidad no deriva de la soberanía decada Estado miembro.Una de las intervenciones destacables fue la del presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España, José Antonio Martín Pallín, quien defendió el derecho a que la Administración pública facilite una información objetiva y veraz. Recordó que "la concentración monopolística de la información en manos del poder acrecienta la desigualdad de los individuos frente a las decisiones del mismo" y advirtió sobre el peligro de que el Estado, bajo el pretexto de la salvaguardia de la seguridad nacional, ampare el ocultismo y el privilegio, como barreras a la libertad informativa.

El corresponsal jurídico de The Daily Telegraph de Londres, Terence Shaw, expresó que el impacto de la jurisprudencia de los órganos de la convención europea, a través de los medios de comunicación facilita que la opinión pública ejerza un control sobre sus posibles desviaciones.

Críticas

En la jornada de ayer, las máximas críticas fueron dirigidas al comité de ministros del Consejo de Europa en su doble tarea de decidir si existe violación del convenio en los asuntos no atribuidos al tribunal y de velar por el cumplimiento de las sentencias dictadas por el tribunal europeo. El belga Jacques Velu calificó al comité de ministros de "órgano político", y el sueco Göran Melander afirmó que este órgano es a veces "más sensible a los intereses de los Estados que a los de los demandantes". Según ambos ponentes, la posibilidad de que los ciudadanos denuncien ante la jurisdicción de Estrasburgo las violaciones de los derechos humanos en sus propios países no obtiene resultados positivos a causa del defectuoso funcionamiento de los mecanismos establecidos para reparar el derecho violado.Velu recordó que la exigencia de alcanzar una mayoría de dos tercios para que el comité de ministros decida si hubo violación de un derecho "se aparenta a una denegación de justicia". Igualmente, criticó que, en los casos en que se considera que existió violación, no suele establecerse plazo para que el Estado repare el derecho vulnerado.

Melander resaltó que el sistema europeo de protección de los derechos humanos es el más eficaz del mundo, pero dijo que se deberían lograr resultados mejores y más rápidos. Insistió en la crítica de las no decisiones del comité de ministros y pidió que el tribunal sea más explícito, en sus sentencias y señale las incompatibilidades que puedan existir entre la legislación nacional del Estado condenado y la Convención Europea.