Licencia para espiar

EL TITULAR del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha resuelto archivar las diligencias iniciadas como consecuencia de la querella presentada por Alianza Popular contra las personas responsables de haber ordenado y practicado el espionaje policial de sus actividades. Ahora bien, el auto dictado por el magistrado Vázquez Honrubia no sólo no niega la argumentación de hecho ya conocida sobre el caso, sino que la ilustra, amplía y complementa con nuevos datos. Queda confirmado así que la Brigada de, Interior creó "una verdadera infraestructura de información" en la sede madrileña de Alianza Popular, utilizando. las relaciones de amistad o de parentesco de algunos funcionarios de la policía y ex confidentes con empleados de las oficinas del partido conservador. Pero ahora resulta que esa actividad de espionaje policial se extendía también a las organizaciones provinciales de Alianza Popular.Según revelan los documentos examinados por el magistrado Vázquez Honrubia, la Comisaría de Información recibió de sus subordinados de Segovia, Badajoz, Zaragoza, Palma de Mallorca, Cuenca, Jerez, Guadalajara y Puertollano abundantes informes -en papel oficial, con sello y membrete, y en algunas ocasiones por triplicado sobre las actividades del partido conservador. La curiosidad de los funcionarios del Ministerio del Interior era prácticamente ilimitada: filiaciones completas de diputados, concejales y miembros de las ejecutivas locales, relaciones entre Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular, "tendencias, disensiones y concordancias internas", preparación y apoyo de candidaturas, "comentarios de tendencias, fobias y filias y corrientes".

El magistrado Vázquez Honrubia acepta inicialmente que esa acumulación de hechos probados "podría en principio hacer aflorar indicios de responsabilidad criminal en funcionarios y jerarquías policiales". Sucede, sin embargo, que el Tribunal Supremo resolvió, el pasado 12 de julio, la inexistencia de indicios racionales de criminalidad por esas mismas actuaciones en lo referente al vicepresidente del Gobierno y al ministro del Interior. Del auto que archiva las diligencias se deduce que si el alto tribunal excluyó de cualquier eventual responsabilidad penal a la máxima autoridad administrativa de la cadena policial, idéntico trato debe aplicarse a sus subordinados jerárquicos, desde los jefes de la Comisaría de Información y de la Brigada de Interior hasta los funcionarios de los servicios poficiales que tan diligentemente espiabab las actividades de Alianza Popular "en todo el territorio nacional".

La resolución del juzgado de instrucción trae -a colación la declaración del director general de la Policía, una de las más sensacionales aportaciones a la teoría del Estado producidas en los últimos tiempos. En ese documento, del que ningún dirigente o alto cargo socialista ha discrepado hasta el momento, Rafael del Río sostenía que el objetivo principal" de los servicios poficiales, "según concepto universal y moderno en un Estado de derecho", no es otro que informar sobre "las grandes corrientes que se manifiestan en el país". A ese'aparato, policial, transformado en "un orientador de la llamada corriente nacional", le corresponde el "análisis permanente de la opinión pública" para suministrar al Gobierno del Estado "los medios informativos que posibiliten la estabilidad política y la evolución sin rupturas". Tal información reservada, cuyo conocimiento necesita el Ejecutivo para "poder gobernar", versa también sobre "partidos políticos legalizados o autorizados" y sobre "centrales sindicales"; en suma, "todo cuanto por su actividad pública pueda abastecer de datos e informaciones susceptibles de hacer gobernable el país". El deber de la policía es preocuparse por "las grandes corrientes" de la sociedad e informar al Gobierno "sobre su constitución, sus variantes y sus incidencias en la masa mayoritaria del país".

Se comprende que el magistrado Vázquez Honrubia, aun prestando acatamiento a la resolución dictada el pasado mes de julio por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sintiera cierto sobresalto al comprobar que el espionaje de los partidos legalizados -justíficado en nombre de la corriente nacional, la masa mayoritaria, la estabilidad política y la evolución sin rupturas- ha sido elevado por la Administración socialista a la categoría de teoría del Estado. Así, el auto judicial acepta que "algunos ciudadanos como tales, o integrados en agrupaciones, asociaciones o partidos políticos lícitos, puedan sentir cierta reticencia o desazón ante lo que la Dirección General de la Policía denomina concepto universal y moderno de los servicios de información en un Estado de derecho". En opinión del magistrado, sin embargo, los partidos querefiantes tienen la oportunidad de "debatir en esfera distinta a la jurisdiccional los límites y control de dichos servicios".

Esa velada exhortación judicial a que los partidos con representación parlamentaria interpelen al Gobierno y propongan la inclusión dentro del Código Penal del espionaje policial sobre su vida interna no basta, empero, para acallar la reticencia o sosegar la desazón de los ciudadanos. La doctrina -avalada por altos funcionarios del Gobierno socialista- de que la policía, en nombre de los valores democráticos y de las libertades, tiene el derecho y el deber de espiar la actividad de los partidos, de los sindicatos y de "todo cuanto por su actividad pública pueda abastecer de datos e infonnaciones susceptibles de hacer gobernable el país" sorprende por su descaro incluso ep una época en que el cínismo del poder y el desprecio por la ética política no son infrecuentes. Gobernar en democracia no es tarea fácil. Que se pueda llegar a aceptar como algo normal e inevitable, realistamente justificado por la razón de Estado, el otorgamiento al Ministerio del Interior de una licencia para espiar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos constitucionales es un síntoma preocupante para nuestra vida pública.