El juez de espionaje político decide archivar la causa después de que el Supremo exculpara al Gobierno

José María Vázquez Honrubia, juez instructor del sumario sobre el espionaje político, ha convocado para hoy a los partidos querellantes -AP, PCE y PDP- y al representante legal de la policía, Luis Sánchez Movellán, para comunicarles su decisión sobre el futuro de la causa. Según fuentes jurídicas, el magistrado, una vez estudiadas las distintas posibilidades, ha decidido archivar el sumario. Según dichas fuentes, era prácticamente imposible adoptar otra posición después de que el Tribunal Supremo señalara en julio pasado que no había responsabilidad criminal en el Gobierno.

Vázquez Honrubia recibió ayer a representantes de los partidos querellantes, pero no reveló en ningún momento la decisión que pensaba adoptar, si bien las fuentes informantes aseguraron ayer que el magistrado "no tiene otra salida que la de archivar".La Dirección General de la Policía le había pedido precisamente, tras conocer la decisión del Supremo, que archivara la causa, mientras que los partidos querellantes le solicitaron que continuara las diligencias. Concretamente, AP le pidió que enviara el sumario a la Audiencia Provincial para que ésta viera la posibilidad de procesar a policías implicados en la elaboración de informes sobre partidos.

De acuerdo con las fuentes informantes, en la decisión del juez ha debido de pesar, además del citado auto del Tribunal Supremo, el hecho de que el Ministerio del Interior, mediante un informe de la Dirección de la Policía incluido en el sumario, admitiera que la policía realiza información sobre partidos políticos y sindicatos y añadiera que esta práctica es lícita y normal.

Incluso la nueva fiscal del caso, Consuelo Madrigal, después de haber estudiado el sumario durante más de dos meses, se limitó a señalar que estaba de acuerdo en que las querellas del PCE y PDP se sumaran a la de AP, pero no entró en el fondo del problema.

De otra parte, en España no existe actualmente una legislación concreta que fije los límites de la actividad de los servicios de información. Finalmente, la nueva ley del Poder Judicial no fija entre las competencias de las audiencias provinciales la de juzgar a los funcionarios policiales, por lo que actualmente no está claro, según las fuentes informantes, si el posible procesamiento de algunos policías en esta causa corresponde al juez instructor o a dicha audiencia.

La prueba más consistente de la existencia del espionaje la tuvo el juez instructor el pasado mes de mayo, después de intervenir en la Brigada de Interior 180 informes sobre AP procedentes de diversas provincias españolas, varios de ellos con los sellos de secreto o confidencial.

El hecho de que el juez decida archivar la causa no significa la paralización automática del procedimiento judicial. José Luis Núñez, abogado representante del PCE, ya anunció ayer que su partido recurrirá la decisión judicial si ésta consiste en archivar el sumario, mientras representantes de AP señalaron que estudiarán qué postura tomar.

El recurso del PCE, llamado de reforma, se presentará al propio juez y, si éste lo desestima, como es probable, cabe presentar un recurso de apelación que debe ser estudiado por la Audiencia Provincial, que tendría que tomar una resolución definitiva sobre el caso.

En el caso de que, oficialmente ya, el juez comunique hoy su decisión de archivar el caso, se habrá cumplido la primera impresión existente en el Juzgado de Instrucción número 21 en la jornada posterior a conocerse el auto del Tribunal Supremo exculpatorio para el vicepresidente del Gobierno, el ministro del Interior y el diputado socialista Eduardo Martín Toval, a quienes se citaba como supuestamente relacionados con el espionaje político.

En aquella ocasión, fuentes próximas al magistrado señalaron que, si no se podía procesar a quienes podían ser los máximos responsables, era absurdo intentar procesar a los subordinados.

No obstante, él PCE se mostró ayer partidario de intentar que se procese a aquellos contra quienes existen pruebas, con independencia de su cargo. Por el contrario, AP intentó, en los primeros días tras presentar la querella, implicar a miembros del Gobierno.