El Gobierno aprueba el Plan Estratégico Conjunto

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Estratégico Conjunto, que contiene los aspectos estrictamente militares del Plan General de la Defensa y en el que se fijan, por primera vez con detalle, las necesidades de armamento, material y personal de las Fuerzas Armadas para los próximos ocho o diez años. El plan aprobado ayer por el Gobierno incluye asimismo las previsiones de amenazas bélícas desde el exterior contra nuestro país y el consiguiente Objetivo de Fuerza Conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas.El portavoz del Gobierno, Javier Solana, rehuyó entrar en precisiones sobre las hipótesis del Gobierno en relación con la defensa nacional y se limitó a señalar que el plan está catalogado como secreto.

Solana manifestó durante la conferencia de prensa que las tajantes declaraciones del presidente de la CEE, Jacques Delors, así como las manifestaciones enfáticas y claras hechas hoy (ayer) mismo por el comisario [encargado de la ampliación comunitaria] Lorenzo Natali y las propias informaciones facilitadas por el ministro español de Asuntos Exteriores tras la reunión con sus colegas europeos en Luxemburgo, permiten al Gobierno considerar que se va a cumplir como fecha de ingreso en la CEE el 1 de enero de 1986".

Cese de Marín

El Consejo de Ministros aprobó ayer el cese de Manuel Marín como secretario de Estado para las Comunidades Europeas -que de este modo se configura como el más firme candidato a desempeñar una de las dos comisarías que le corresponde a España ante la CEE- y nombró como sucesor de Marín a Pedro Solbes Mira, quien desde diciembre de 1982 era secretario general del Ministerio de Economía, y Hacienda.El nuevo secretario de Estado había formado parte del equipo negociador del tratado de adhesión de España a las comunidades europeas. En relación con la posibilidad de que uno de los dos comisarios españoles ante la CEE no pertenezca al PSOE, el portavoz del Gobierno citó expresamente el nombramiento de Pedro Solbes -que no milita en ningún partido político- como un ejemplo de que "el criterio del Gobierno es buscar personas competentes y capaces, con independencia de cuál sea su sintonía política". (Más información en página 45).

El Gabinete acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la Función Pública de la Generalitat, por considerar que su artículo 24, que establece como requisito para acceder al funcionariado de la comunidad autónoma catalana acreditar el conocimiento del catalán oral y escrito, vulnera principios constitucionales.

El Gobierno aprobó un anteproyecto de ley por el que las Cortes delegarán en el Gobierno, durante seis meses, la capacidad legislativa para adaptar las leyes españolas al Derecho de la CEE. Asimismo aprobó un real decreto por el que se desarrolla el régimen fiscal de los activos financieros tradicionales y fija su tipo de retención en el 18%. También acordó la constitución de una sociedad mixta que sustituye a la antigua Uteco-Jaén, en la que el Estado participará con el 51% del capital.