Tierno declara ante el juez que el Ayuntamiento no tenía facultades de inspección cuando se incendió Alcalá 20

El alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, declaró ayer ante el juez Jacobo López Barja que el Ayuntamiento no tenía facultades de inspección cuando se produjo el incendio de la discoteca Alcalá 20, el 17 de diciembre de 1983. En el siniestro murieron 82 personas. Sin embargo, de su declaración, que duró tres horas, Antonio García de Pablos, representante legal de las familias de 46 de los fallecidos, deduce que "existen responsabilidades municipales, al igual que también las hay en el Gobierno Civil y en el Ministerio de Industria, este último en lo referente a instalaciones eléctricas". Por la tarde testificó Emilio García Horcajo, responsable del área de Seguridad y Policía Municipal, quien afirmó que la competencia era gubernativa.

Un suspiro de alivio corrió entre los representantes municipales que acompañaron a Enrique Tierno cuando se confirmó, que había sido llamado como mero testigo en el sumario iniciado por el juez Jacobo López Barja, titular del Juzgado de Instrucción número 15. Durante las tres horas que duró el testimonio del alcalde, los representantes municipales insistían en que "don Enrique sólo ha venido a testificar, no a declarar".El abogado Antonio Pedreira, que acompañaba al alcalde en calidad de decano de los letrados municipales, explicaba: "Es una buena señal que el juez me haya invitado a salir de la sala a informar que don Enrique sólo viene como testigo". Por su parte, el abogado Antonio García de Pablos aseguraba que, tras el testimonio de Tierno, "ha quedado claramente establecida la responsabilidad de los concejales del Ayuntamiento".

Límites legales

Tierno informó, minutos antes de su encuentro con el juez, que había ido allí "en calidad de testigo y para declarar si estoy de acuerdo o no con los alegatos que ha hecho nuestro cuerpo jurídico" sobre si hubo o no responsabilidades municipales en el siniestro. Según el alcalde, "el concejal de Seguridad, Emilio García Horcajo, aplicó la legislación en los límites en que podía aplicarla". Tierno insistió en que el Ayuntamiento no tenía responsabilidades en el siniestro, ya que, "a través de lo que me han dicho los juristas municipales y por lo que mi propia reflexión dice, yo creo que hay un decreto famoso del año 1946 que dice que todo dependía del poder gubernativo, que nosotros no teníamos ninguna potestad".El alcalde negó que el Ayuntamiento tuviera "responsabilidad moral" tal y como opina el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José María Álvarez del Manzano.

El letrado municipal Antonio Pedreira comentó que era una buena señal "que el alcalde comparezca como testigo" y añadió: "Aunque éramos conscientes de que el alcalde no tenía ninguna responsabilidad sobre este tema, como la citación no decía nada, siempre queda la duda".

Tras su declaración, Tierno dijo que había explicado al juez, documentalmente, que en el momento de producirse el suceso "el Ayuntamiento no tenía facultades de inspección y la licencia que había dado la Junta Central Consultiva e Inspectora de Espectáculos, dependiente de la Dirección General de Seguridad, caducaba el 31 de diciembre de 1983, mientras que el incendio se produjo el 17 de diciembre". "Nosotros", añadió, "no teníamos facultades de inspección hasta enero de 1984, según el decreto ley de 1982, que en una disposición transitoria no nos confería esas competencias hasta 1984".

Sin embargo, el abogado Antonio García de Pablos aseguró que dicha junta inspectora se había disuelto en junio de 1982, "por lo que en 1983 el Ayuntamiento ya tenía competencias". Añadió que las licencias de la Junta de Espectáculos, dependiente de la Dirección General de Seguridad, iban de septiembre a septiembre y el incendio fue el 17 de diciembre de 1983, cuando la Junta ya estaba disuelta, por lo que la responsabilidad es del Ayuntamiento.

De ahí que para García de Pablos la declaración del alcalde fuera esclarecedora "porque se ha visto que el alcalde había delegado competencias en materia de seguridad, en junio de 1983, al concejal responsable del área, Emilio García Horcajo".

García Horcajo compareció ante el juez López Barja a las cinco de la tarde. Después de casi cuatro horas de declaración, García Horcajo afirmó: "He manifestado mi opinión de que esas competencias pertenecían a la autoridad gubernativa. Dado que faltan disposiciones que desarrollen el reglamento de espectáculos de 1982, hay un informe contencioso que pone en duda ese reglamento. Eso, aparte de que el reglamento daba un plazo de dos años para adaptar los locales y que la autoridad gubernativa había dado la licencia hasta el 31 de diciembre". García Horcajo manifestó que el Ayuntamiento de Madrid ya ha instado al Gobierno "para que dé una nueva normativa clara sobre el tema".

El juez ha citado a declarar el próximo día 15 al concejal encargado del área de Urbanismo, Jesús Espelosín, que tenía delegadas en 1983 competencias en materia de urbanismo.