La USPM, segundo sindicato que abandona la coordinadora de representación policial

El abandono de la Unión Sindical de Policía Municipal (USPM) -que cifra en 14.000 sus miembros- de la Coordinadora de Sindicatos de Policía, de la que desertó en noviembre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) -35.000 afiliados declarados-, deja este órgano prácticamente en manos de. los representantes del Cuerpo Superior de Policía, por su mayor peso de ardiación. José Francisco Cano, secretario general de la USPM, indicó que su sindicato y la Unión General de Trabajadores (UGT) han logrado una "confluencia en la actuación realmente importante, no obtenida con la coordinadora".

El abandono de la USPM de la coordinadora sindical, efectuado el viernes a última hora, deja reducida ésta a cinco sindicatos y con una implantación importante, pero limitada al Cuerpo Superior de Policía (unos 6.000 afiliados de un colectivo que no llega a los 8.000). No obstante, la coordinadora mantiene una presencia en el cuerpo municipal, a través del Sindicato Profesional de Policía Local (SPPL), con implantación en Baleares y Canarias.La salida de la coordinadora, el pasado mes, del Sindicato Unificado de Policía (SUP, que declara tener 35.000 afiliados de un colectivo superior a los 50.000 funcionarios) restó, a su vez, implantación en la coordinadora del Cuerpo de Policía Nacional. No obstante, este cuerpo mantiene también una presencia a través del Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU, con cerca de 1.000 afiliados).

Por su parte, la USPM considera que la coordinadora no propugna un modelo policial descentralizado, tal como postula dicho sindicato. La USPM llegó a un acuerdo el pasado 25 de septiembre con la Federación de Servicios Públicos de UGT para presentar conjuntamente al Grupo Socialista del Congreso una serie de enmiendas que, en opinión de José Cano, recogen en gran medida el planteamiento del modelo policial descentralizado que propugna su sindicato.

Este modelo policial descentralizado se articula fundamentalmente en el respeto de los derechos sindicales tradicionales de los funcionarios de las administraciones locales (incluido el derecho de huelga), en la creación de unidades de policía judicial en el ámbito de los cuerpos municipales y en la potenciación de la figura del alcalde al frente de las juntas de seguridad locales.