Atasco en los juzgados

EL AÑO judicial 1985-1986 estará dominado en buena medida por la entrada en vigor de la nueva ley orgánica del Poder Judicial. Aunque los sectores conservadores centraron casi exclusivamente sus críticas a la ley en la designación parlamentaria de los miembros del Consejo General, la puesta en práctica de la reforma judicial incidirá en la existencia cotidiana de los ciudadanos de muy distinta forma. Para poner sólo dos ejemplos, la desaparición de la justicia de distrito en la vía penal y la creación de los juzgados de lo contencioso-administrativo constituyen experiencias importantes. Si la ley del Jurado fuese aprobada durante la presente legislatura, su aplicación introduciría también importantes alteraciones en el panorama de la administración de la justicia durante el año venidero.Mirando hacia el inmediato pasado, las memorias del fiscal general del Estado y del Consejo General contienen datos y reflexiones en torno a la situación de la justicia en España que muestran claramente la necesidad de la reforma iniciada con la nueva ley orgánica del Poder Judicial. Las dos memorias parten, sin embargo, de supuestos y escalas de valores muy diferentes. Mientras el informe de la Fiscalía adopta unenfoque crítico y señala las insuficiencias de nuestra anquilosada e ineficiente administración de justicia, el documento del Consejo General tiene un tono defensivo y endosa la mayoría de los problemas existentes a la insuficiencia de las dotaciones presupuestarias.

En la Memoria del fiscal general destaca la espectacular diferencia existente entre los 1.236.745 procedimientos penales iniciados en 1984 y las 91.526 sentencias dictadas por los tribunales durante el mismo período. Burón Barba considera con razón que esa brecha resulta "verdaderamente escandalosa" muestra "unos índices y de impunidad alarmantes". Singular interés, reviste el dato de que de las 806.546 diligencias previas archivadas durante 1984, unas 680.000 lo fueran por la incapacidad de los servicios policiales para descubrir a los autores de los delitos. La artificiosa tentativa de endosar a las reformas legales de 1983 el aumento de la criminalidad tropieza con la terca realidad de ese altísimo porcentaje de delitos sin autor por la ineficiencia de las pesquisas policiales. Y aunque la contrarreforma de la prisión preventiva y la libertad provisional haya aumentado en un 50% la población reclusa, las causas penales han seguido aumentando.

Por lo demás, el desfase entre los procedimientos en curso y los juicios celebrados muestra la desesperante lentitud y el monumental atasco de las instituciones judiciales. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de la magistratura, que será elegido por el Parlamento en su totalidad por primera vez en octubre, le corresponde una singular responsabilidad a la hora de poner remedio a este estado de cosas. Porque entre sus competencias figura la inspección de los juzgados y tribunales, las medidas para racionalizar la administración de la justicia, la adopción de medidas disciplinarias y la fijación de pautas mínimas de rendimiento.

La Memoria del fiscal general del Estado incluye un estudio acerca de la evolución de la delincuencia en España durante 1984 y de las características de algunas nuevas formas de comportamiento criminal. Aunque los procedimientos penales iniciados en 1984 representan un porcentaje de aumento sobre 1983 inferior al registrado en la Memoria del año pasado respecto a 1982 y muy semejante a los promedios del quinquenio 1975-1980, los consuelos estadísticos no sirven para aliviar a las víctimas de los atropellos.

El fiscal general señala algunas de las claves de ese aumento de las conductas criminales, tendencia que no se circunscribe a nuestras fronteras ni puede correlacionarse con las estructuras democráticas o con la ideología de los partidos que ocupan el Gobierno. Se trata de "verdaderas corrientes sociales que van desde el hábito de consumo de sustancias tóxicas o estupefacientes a las grandes defraudaciones en el mundo de los negocios, pasando por la criminalidad común profesionalizada (hurtos y robos como modos de vida) y por la violencia organizada". Por lo demás, sólo la investigación de la naturaleza de la criminalidad contemporánea permitirá encontrar "la línea de equilibrio óptimo entre la cantidad de criminalización y las incitaciones a la permisividad". Y para ello será preciso "comprometer a la sociedad entera en la articulación del sistema penal", única forma de que la administración de la justicia de un régimen democrático no pierda pie en el suelo social y sea aceptada, comprendida y respaldada por todos los ciudadanos.