El Poder Judicial atribuye la crisis de la justicia a defectos estructurales

La Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundida ayer atribuye la crisis de la Administración de justicia a defectos estructurales y, limitación de medios, que justifican, según dice, que se haya suavizado la función correctora del consejo sobre las disfunciones y corruptelas de los funcionarios judiciales. En concreto, y como consecuencia de las 1.318 diligencias informativas iniciadas durante 1984 y la primera mitad de 1985, fueron sancionados cuatro magistrados, siete jueces y tres secretarios judiciales.

El mismo día que se conoció la opinión del fiscal general del Estado sobre el carácter "verdaderamente escandaloso" de que en el último año se iniciaran. 1.236.745 procedimientos penales, mientras se dictaron sólo 91.526 sentencias (ver EL PAIS de ayer), la Memoria del órgano de gobierno del poder judicial no detecta ninguna baja productividad de los titulares de los órganos jurisdiccionales.Por el contrario, la Memoria de este año señala que "datos sobrados tiene a su disposición en unos casos el Consejo y puede conseguir en otros, para conocer el alcance de la actividad. y dedicación individualizadas de cada uno de los funcionarios, a todos los niveles de categorías profesionales, pero todo ello no es materia ni objetivo de la labor que ahora se analiza".

Con ello, el CGPJ modifica el criterio fijado en su primera Memoria, de julio de 1981, en la que estableció unos módulos aproximativos de trabajo mínimo en juzgados y tribunales.

De ahí que la función disciplinaria del CGPJ se haya limitado en esta última etapa a ejercitar su función correctora a las disfunciones y corruptelas, distinguiendo siempre, como recuerda la Memoria, "las que se deben a causas estructurales de las motivadas por conductas irregulares".

913 diligencias

De acuerdo con este enfoque, la sección disciplinaria del Consejo inició en 1984 un total de 913 diligencias informativas, a las que hay que añadir 405 en los seis primeros meses de 1985.Del total de 1.318 diligencias iniciadas en ese período, la sección disciplinaria acordó abrir expediente disciplinario en 67 casos. Los funcionarios judiciales afectados son, en total, 20 magistrados, 19 jueces y 18 secretarios. Las sanciones recaídas hasta el momento han sido para cuatro magistrados, siete jueces y tres - secretarios, mientras que se sobreseyeron sin sanción los expedientes a cinco magistrados y a otros tantos jueces, así como a un secretario. El resto de los expedientes disciplinarios sigue su curso.

La Memoria del Consejo no especifica el tipo de sanciones impuestas ni el carácter de las infracciones cometidas, y respecto a la identidad de los sancionados -que el año último fue dada a conocer por el presidente del CGPJ, Federico Carlos Sainz de Robles, a requerimiento de los informadores- la Memoria explica que "no se exponen los datos relativos a la, identificación de los funcionarios sometidos a actuaciones disciplinarias, por cuanto los expedientes en tramitación no deben producir más efectos de los que resulten de la decisión que se adopte, y la publicidad de los resueltos ha de limitarse a cuanto sea necesario para la ejecución de las sanciones".

Aumenta el terrorismo

Por lo demás, la Memoria del CGPJ recoge un rebrote de las causas judiciales seguidas por el delito de terrorismo, en contraste con la disminución paulatina de años anteriores. La Memoria destaca el aumento de los asesinatos, que de 22 en 1983, pasaron en 1984 a 35, así como las amenazas y coacciones, que de 12 en 1983 aumentaron en 1984 a 118. De los 249 sumarios abiertos en 1984 por delitos de terrorismo, 162 son atribuidos a ETA, 81 a los GRAPO y 6 a otros grupos, Asimismo, de las 600 diligencias previas, 416 se atribuyen a ETA, 165 a los GRAPO, 4 a comandos autónomos, 3 a la extrema derecha, 9 a otros grupos y 3 no se atribuyen.El CGPJ destaca también el aumento de la población reclusa de 14.050 internos el 1 de enero de 1984 a 21.814 el 28 de abril de 1985. La Memoria recuerda que el número de presos preventivos se duplicó entre esas dos fechas. En todo caso, atribuye a las reformas legislativas la evolución de la población reclusa.