Los poderes de los jueces de instrucción franceses serán recortados

Los hombres más poderosos de Francia, los jueces de instrucción, van a ver recortados sus poderes. El ministro de Justicia, Robert Badinter, quiere que a la hora de enviar a alguien a la cárcel, en espera de juicio definitivo, no baste la decisión de uno solo de ellos, como hasta ahora, sino de tres, de forma colegiada.La reforma del sistema judicial, que data de la época de Napoleón, se deberá, en buena parte y sin que él lo haya pretendido, a un joven juez de provincias, Jean-Michel Lambert, cuyos repetidos errores en el caso Gregory apasionan y dividen al país desde hace meses. Lambert, de 33 años, se encontró de repente con el caso de un niño asesinado y con la curiosidad de toda Francia.

Uno de sus primeros sospechosos fue muerto a tiros por el padre del niño, ante la mirada impotente del juez, que pocos meses después decidió encarcelar a la madre del chiquillo, puesta a su vez en libertad por un tribunal superior. Badinter ha aprovechado la ocasión para meter mano en lo que parecía un avispero. Los jueces no quieren oír hablar de una reducción de sus poderes, pero la sociedad francesa, conmovida por el caso Gregory, admite que los jueces de instrucción, 640 en todo el país, son los más jóvenes e inexpertos y que sus errores se prodigan demasiado.

Normalmente los jueces de instrucción despachan asuntos banales, explica un abogado, pero a veces caen bajo su jurisdicción asuntos más complicados. Nadie puede interferir en su trabajo. Son ellos quienes llevan a cabo la investigación, con la policía y la gendarmería a sus órdenes, y quienes deciden quién debe ir a la cárcel a la espera de un juicio definitivo, que a veces tarda muchos meses en llegar. Resulta lamentable que una persona presumiblemente inocente se pase todo ese tiempo en prisión sin que la instrucción haya sido todo lo seria que sería deseable.

"Demasiada responsabilidad y demasiada soledad para espaldas tan jóvenes", asegura el ministro

Badinter, una de las personalidades más notables del Gobierno socialista, responsable de la abolición de la pena de muerte, temido abogado, judío, enjuto y ascético. Robert Badinter, en una jugada que hasta sus oponentes políticos consideran magistral, ha encontrado el medio para recortar el poder de los jueces de instrucción sin que toda la carrera se le subleve: tendrán menos poder porque lo compartirán con otros dos colegas. Uno solo de ellos llevará a cabo la instrucción, pero a la hora de encarcelar a alguien tendrán que ser tres los que den el visto bueno. Además, uno de los jueces tendrá que tener más de siete años de experiencia.

El proyecto exige crear 150 nuevos puestos de juez de instrucción, pero según el Gobierno merece la pena porque se reducirá el número de presos preventivos y se evitarán situaciones de injusticia.