El Gobierno regional acude al endeudamiento para sustituir en parte los ingresos del 3%

El Gobierno regional acudirá al endeudamiento para resarcir a los ayuntamientos que, siguiendo sus indicaciones, suprimieron tasas a la espera de recibir los fondos procedentes del recargo del 3% sobre el IRPF. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer un proyecto de ley, que pasará al Parlamento regional, por el que se autoriza la tramitación de un crédito extraordinario de 8.400 millones de pesetas para financiar obras en los 36 municipios que han sufrido una disminución sustancial de sus ingresos por la supresión de las tasas, entre los que se halla el de la capital.

La vigencia de la ley del recargo del 3% está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional. El Gobierno regional, a raíz de la suspensión, el pasado 1 de abril, de la ley que establecía el recargo, se comprometió a compensar a las corporaciones locales, todas de mayoría socialista, que ya habían adoptado acuerdos para suprimir el cobro de las tasas, de recogida de basuras y alcantarillado en la mayor parte de los casos.El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Luis Alejandro Cendrero, manifestó ayer que "los ayuntamientos no recibirán el dinero en metálico, sino en inversiones concretas para financiar las obras y proyectos que cada corporación considere más necesarios".

El principal beneficiario del crédito será el Ayuntamiento de Madrid, que eliminó, con el único apoyo del Grupo Socialista, las tasas de basuras y alcantarillado, por las que hubiera cobrado este año, según sus propios cálculos, unos 8.110 millones de pesetas. El Ayuntamiento de Madrid recibirá 7.055 millones de pesetas. Los 1.055 millones restantes serán amortizados, según los responsables municipales, con "medidas de ahorro que no repercutirán negativamente en el ciudadano". Otros ayuntamientos de localidades importantes, como Leganés, Getafe, Alcalá de Henares y Móstoles, serán compensados con inversiones que oscilan entre 100 y 150 millones de pesetas en cada caso.

El Gobierno regional no trató la dimisión del consejero de Educación y Juventud, Manuel de la Rocha, dirigente de la corriente Izquierda Socialista en la región de Madrid. La agencia Europa Press informó por la mañana que Joaquín Leguina, presidente de la comunidad, aceptaría ayer, casi con toda seguridad, la renuncia del consejero a continuar en su cargo. Sin embargo, el portavoz del Gobierno, Martín Maqueda, aseguró que la dimisión no se había tratado en la reunión. Una vez terminada ésta, los informadores que habían acudido a la conferencia de prensa esperaron más de media hora la comparecencia de Leguina para confirmar la dimisión del consejero, pero el presidente, según se informó, había abandonado ya su despacho, al que no regresó por la tarde.

Tampoco De la Rocha acudió a su despacho de la consejería en toda la tarde, según informaron en su secretaría. La dimisión de De la Rocha, titular de una consejería con muy escasas competencias al no haber sido transferidas todavía las relativas a Educación, había sido anuncia da extraoficialmente desde junio pasado, aunque fuentes próximas al departamento habían indicado que se congelaría hasta después de las vacaciones del verano.

En cambio, sí fue aprobada la sustitución del director general de Cultura, Juan Miguel Hernández León, por Araceli Pereda, y la de Joaquín Pujol, director general de Turismo, por Marta Jiménez Reñón, hasta el momento secretaria general técnica de la Consejería de Trabajo, Industria y Comercio. El nuevo secretario es Javier Méndez Borra. El portavoz del Gobierno de la Comunidad, Martín Maqueda, no facilitó ninguna explicación sobre estos cambios.

El Gobierno regional aprobó un acuerdo por el que se decide la procedencia de construir un vertedero sanitariamente controlado en el término municipal de Pinto, situado a 21 kilómetros de Madrid. El acuerdo ha sido adoptado al haber transcurrido más de un mes sin haber obtenido respuesta del Ayuntamiento de Pinto sobre su conformidad con la ejecución del proyecto. El Ayuntamiento, de mayoría comunista, no está conforme con este proyecto ni con el de construir allí una nueva cárcel de hombres.