Los frutos económicos del verano

EL EQUIPO económico del Gobierno ha recogido, al volver de las vacaciones, algunos de los frutos de una política económica global, definida como de ajuste, que ronda los 1.000 días de existencia. La coyuntura es tan cambiante que, al igual que en la primera parte del año no se podía calificar rotundamente de fracaso la copiosa avalancha de cifras pesimistas de inflación, paro, déficit, etcétera, ahora tampoco se pueden lanzar las campanas al vuelo de una recuperación.La evolución económica, para hacer análisis rigurosos, necesita de series largas y representativas. Cuando se cierre la legislatura será posible discernir si lo determinante de la acción del Gobierno ha sido lo positivo o lo negativo, aunque cualquier aseveración esté plagada de matices paliativos. La economía no es una ciencia exacta, sino llena de perplejidades y de contradicciones.

En cualquier caso, bien es cierto que la conclusión del Jerragosto plantea una tendencia recuperadora en la economía. La inflación del mes de julio (en términos genéricos, puesto que el índice de precios al consumo no representa exactamente lo mismo que la inflación) fue del 0,6%, lo que supone una tasa interanual del 7,9%, dentro de las últimas previsiones del Ejecutivo. Esta tasa no conocía parangón desde antes de la primera crisis del petróleo, en diciembre de 1972. El paro registrado en el mismo mes descendió (25.000 personas) por cuarto mes consecutivo, lo cual podría indicar, pese a la interferencia estacional, un cierto estancamiento en el crecimiento del paro. Por fin, la inversión en el discurrir del ejercicio aumenta a tasas del 4%, desconocidas desde el inicio de la transición política, tras dos años en los que la inversión fue negativa y, en vez de ayudar al crecimiento de la economía, restaba puntos al producto interior bruto.

Estos tres datos se abultan psicológicamente con un hecho nada coyuntural, pero enormemente significativo, como ha sido la concesión, por parte del Departamento de Estado norteamericano, de la licencia de exportación de tecnología para que la multinacional norteamericana American Telephone and Telegraph (AT&T) se instale definitivamente en España. La instalación de AT&T suponte la inversión extranjera más importante desde que General Motors instalara la factoría de automóviles de Figueruelas.

La bondad de los datos de coyuntura citados ha dado nuevos arrestos al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, para persistir en el ajuste elaborado por el primer zar de la política económica socialista, Miguel Boyer. El anuncio de que el déficit público de 1986 se contendrá en el 4,5% del producto interior bruto -empeñando en ello el presidente del Gobierno toda su autoridad moral- confirma que el Ejecutivo quiere aprovechar el resto de la legislatura para profundizar en la corrección de los desequilibrios estructurales de la economía española y, entre ellos, en el gap creciente entre ingresos y gastos públicos. Los españoles padecemos ahora la dureza de un ajuste largamente retardado desde la crisis del petróleo, que la mayor parte de los países de nuestro entorno iniciaron hace una década. Y este retraso hace que los sacrificios se dilaten en el tiempo. Boyer afirmó en más de una ocasión que la política económica de rigor debía continuar al menos durante una década, por lo que ni siquiera nos queda la esperanza cierta de que en una supuesta -y probable- segunda legislatura socialista se manifieste una economía alegra y expansiva, más propia de un keynesianismo progresista que de los clásicos programas monetaristas, tan gratos a administraciones de ideología liberal conservadora.

Sin embargo, la cosa no es tan lineal; si, por un lado, la macroeconomía avanza por la senda de la ortodoxia, el ajuste no es tan grato para las microeconomías de cada familia. El consumo privado no da trazas de recuperarse, sin duda por la persistente pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Para el próximo ejercicio, el Acuerdo Económico y Social (AES) prevé una pequeña corrección de esta tendencia en el sector privado; sin embargo, los funcionarios registrarán un incremento medio de sus salarios del 6,5% sobre una inflación prevista del 8%, siempre que esta última no se dispare por factores inesperados o por un cálculo mal hecho de los efectos que el nuevo impuesto sobre el valor añadido imponga.

En definitiva, por muy tópica que sea la frase, no queda más remedio que hablar de nuevo de claroscuros en la economía española, aunque, por fortuna, en esta ocasión dominen los primeros.