La rebelión de los alcaldes

Los alcaldes españoles están hartos de la voracidad desplegada en los últimos años por las comunidades autónomas, que tratan de someter jerárquicamente a los municipios de sus respectivas áreas geográficas y hacerse con buena parte de sus competencias La rebelión de los alcaldes contra los Gobiernos regionales ha comenzado, y ya se anuncia para noviembre, en el marco de la asamblea general de la Federación Española de Municipios y Provincias (organismo que agrupa al 98% de las corporaciones locales), la posible adopción de una serie de medidas de fuerza para replicar a los Gobiernos regionales, poner coto a su creciente expansionismo y preservar la configuración constitucional del Estado en tres administraciones autónomas y diferenciadas: Administración central, administraciones territoriales y administraciones locales.Hay una larga serie de agravios de los Gobiernos regionales a los ayuntamientos. Una sucesión de interferencias en la gestión municipal y de intromisiones en las relaciones de las administraciones locales con la Administración central, que junto con la indolencia de las comunidades autónomas para aportar fondos de sus presupuestos a las corporaciones locales (ninguna comunidad ha instaurado todavía el Fondo de Cooperación Municipal previsto en la Constitución para contribuir a la financiación de ayuntamientos y diputaciones), ha desbordado la paciencia de los alcaldes.

"Las corporaciones locales estamos apreciando que el Estado centralista con capital en Madrid, en vez de desaparecer, como debería haber ocurrido tras la aprobación de la Constitución en 1978, está siendo sustituido por un policentralismo con 17 capitales diferentes", afirma José Domingo Gómez Castallo, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Y que no se nos mal interprete", añade, "que no estamos en contra de las comunidades autónomas y somos respetuosos con la nueva configuración del Estado, pero lo que no podemos consentir es que desde este ámbito se cercene la autonomía y la independencia que la Constitución otorga a los municipios".

... y apaleados

La indignación de los representantes municipales sube de tono al comentar el proyecto de ley de sanidad que se encuentra en tramitación en el Senado, que a su juicio supone un nuevo gol que quieren meter las comunidades autónomas a las corporaciones locales. El proyecto de ley, según estas fuentes, crea un servicio integrado de salud que gestiona todos los servicios sanitarios de una zona. "La filosofía de coordinar y aunar los recursos nos parece correcta", indican los representantes de la FEMP, "pero lo que no podemos aceptar es que se nos obligue a transferir a las comunidades autónomas, junto a los hospitales de corporaciones locales y las casas de socorro, las dotaciones que los municipios dedicaban a estos servicios de salud de sus tributos y de sus recaudaciones".

Según la FEMP, la realización de estas prestaciones sanitarias a los ciudadanos la han realizado los ayuntamientos y diputaciones, como en tantos otros casos, para suplir deficiencias asistenciales del Estado o para complementarlas, pero nunca porque existiera una obligación concreta de los municipios o de las diputaciones. "Es lógico, y nos parece muy bien, que las comunidades autónomas se hagan cargo de la gestión de estas instituciones y descarguen a las corporaciones locales de esta responsabilidad, pero lo que no podemos consentir es que obliguen a las maltrechas haciendas locales a financiar unas instituciones ajenas que políticamente van a ser capitalizadas por los Gobiernos regionales, cuando nuestros recursos no alcanzan a cubrir las numerosas demandas sociales que se producen en los niunicipios", precisan estas fuentes.

Aceptar estos planteamientos introducidos en el proyecto de ley por el Gobierno central para contentar a las comunidades autónomas, que no aceptarían estas transferencias si la financiación corriese a su cargo, indica la FEMP, supone para las corporaciones locales subvencionar con 50.000 millones de pesetas anuales a los Gobiernos autónomos. Y todo ello cuando desde las comunidades autónomas no se arbitran las ayudas financieras a los municipios previstas en la Constitución y cuando el Gobierno central regatea y recorta la participación porcentual de los ayuntamientos y diputaciones en su recaudación por impuestos estatales.

Juego limpio

"Y que no se nos acuse de insolidarios", añade la FEMP, "porque si de verdad los ayuntamientos y diputaciones lo fuéramos, habríamos cerrado este año, antes de que entre en vigor la citada ley, todas las casas de socorro y hospitales que dependen de nosotros. Así no habría instituciones que ceder a las autonomías, ni tampoco dotaciones de nuestros presupuestos susceptibles de transferencia a los Gobiernos regionales. Y no lo hemos hecho".

De todos modos, los agravios vienen de lejos, y a veces, según la FEMP, son mucho más difíciles de probar, "aunque estén maniatando la actuación de los ayuntamientos". La aprobación de planes de ordenación urbana por las autonomías, que han sustituido en este menester al Ministerio de Obras Públicas, se ha convertido en un verdadero calvario para muchos municipios. La diferente adscripción política entre los gestores de un Gobierno regional y los de un ayuntamiento de su zona, según la FEMP, puede agravar aún más, en determinados casos, este problema.

"Estamos en sus manos", añade la FEMP. Los Gobiernos regionales tienen un arma preciosa , según estas fuentes, para premiar o castigar a las corporaciones locales que se pliegan o se rebelan a sus directrices o a sus caprichos. En muchos casos, precisan, la demora o las pegas administrativas en la aprobación de un plan de ordenación urbana de un ayuntamiento son mucho mayores que cuando esta facultad era atribución de la Administración central. "Antes, la pugna de poderes estaba mucho más diluida y no era posible, como ahora, su utilización con fines políticos".

Esta guerra sorda entre ayuntamientos y comunidades autónomas no se circunscribe, a este tema. Determinadas transferencias del Estado, como las casas de cultura en Cataluña, han tardado varios años en ser atribuidas a los ayuntamientos, según la FEMP, por parte de la Generalitat, que las había recibido en primera instancia. El Gobierno andaluz, por poner otro ejemplo, ha estado gestionando una piscina municipal y se sacó de la manga un decreto, hace unos meses, por el que regulaba la figura de inspector jefe de la Policía Municipal en su territorio. El revuelo que armó esta medida, según los representantes de los municipios, obligó a la Junta de Andalucía a dar marcha atrás y a retirar el decreto. El Gobierno regional, según esta fuente, pretendió sobrepasar las facultades que le son propias e inmiscuirse, invadiendo competencias de los municipios, en campos que no le correspondían.

La pugna por las competencias en materia de turismo constituyen otro frente de conflicto. Las comunidades autónomas, que también mantienen una dura batalla en este terreno con la Administración central, promocionan en el exterior las marcas regionales (Cataluña, País Vasco, etcétera) en detrimento de los municipios turísticos concretos, según la FEMP. El turista extranjero conoce y se siente atraído mucho más por los nombres de Playa de Aro, Benidorm o Mallorca, según los representantes municipales, que por los de Cataluña, Comunidad Valenciana o Comunidad Balear. Esta pequeña guerra entre las distintas administraciones del Estado ha producido situaciones ridículas en alguna pequeña población, en la que tres oficinas de turismo distintas (la municipal, la de la comunidad autónoma y la del Estado), que distan apenas unos metros unas de otras, reparten los mismos folletos y facilitan idéntica información.

Los alcaldes se quejan también de la carga que supone para sus presupuestos la financiación del mantenimiento de los centros escolares (agua, luz, nómina de los conserjes, gastos de reparaciones, etcétera), sin participación alguna en la gestión de dichos centros y sin compensación de ningún tipo por parte del Estado o la comunidad autónoma. "Nos cuesta muchísimo dinero y no tenemos derecho ni a utilizar estas instalaciones en períodos vacacionales o durante horas fuera de la jornada escolar", indican estas fuentes.

"Y otro tanto cabría decir de los calabozos municipales", añaden, "que de ser unos depósitos destinados a borrachos, alborotadores y pequeños delincuentes, para estancias máximas de 48 horas, se han convertido, sin reunir ninguna condición para ello, en unas dependencias carcelarias más". La saturación de las prisiones del Estado o de la Generalitat hace que los jueces utilicen los calabozos municipales para internamientos prolongados de delincuentes peligrosos, que en algunos casos llegan a cumplir el período preventivo en estas dependencias, con el consiguiente coste para los ayuntamientos, riesgo para sus policías municipales y para los propios detenidos. "Borrachos y mujeres conviven en una misma dependencia durante muchos días, en algunos casos con drogadictos y delincuentes de largo historial", indican los representantes del FEMP, "y luego, cuando se quema una colchoneta y muere abrasado un heroinómano o se produce una reyerta en la dependencia que cuesta la vida a alguno de sus huéspedes, los mismos jueces que nos obligan a retener en los calabozos a estas personas más allá de las 48 horas legales, procesan a nuestros policías municipales, como ha ocurrido en el caso de Sagunto y en algún ayuntamiento más". Los ayuntamientos perciben por esta labor, que les cuesta anualmente 437 millones de pesetas y les obliga a destinar a guardianes a sus escasas plantillas de policía, una subvención de 17 millones de pesetas.

Financiación y vasallaje

El intento de los Gobiernos autonómicos de someter jerárquicamente a los municipios no se limita a la absorción o fiscalización de competencias, sino que alcanza también a la titularidad de los recursos y a su distribución.

Las negociaciones entabladas estos días entre los municipios catalanes y la Generalitat son un claro exponente de esta situación. Los ayuntamientos exigen al Gobierno de Pujol, según la FEMP, que cree un fondo de cooperación municipal para dar cumplimiento al artículo 142 de la Constitución ("Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas").

La Generalitat, siempre según la FEMP, exige como condición previa a los municipios catalanes que las transferencias del Estado a los mismos no se realicen directamente, como hasta ahora, a través de la federación estatal de municipios, sino que se canalicen a través del Gobierno regional y que sea éste quien reparta dichos fondos entre las corporaciones.

Los ayuntamientos se niegan en redondo a someter la distribución de estos dineros al criterio de la Generalitat y han manifestado que sólo aceptarían esta postura si el Gobierno regional crea el fondo de cooperación municipal con cargo a sus presupuestos, dotándolo de una cantidad equivalente a las transferencias estatales a los municipios catalanes y comprometiéndose al mismo tiempo a que ninguna corporación percibirá menos dotaciones que las que percibía hasta ahora.