España tendrá dificultades para adaptar su legislación al derecho de la CEE

La legislación española tendrá mayores dificultades que la de otros países europeos para adaptarse al derecho comunitario, según declaró ayer en Santander, en la primera jornada del curso sobre La empresa española y los grandes temas comunitarios, el magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Díez de Velasco Vallejo.

Por su parte, uno de los 11 jueces del Tribunal de Justicia de la CEE, Ives Galmot afirmó que los problemas de uniformidad empezarán a ser resueltos antes que en otros casos. Sin pronunciarse sobre la menor o mayor dificultad, el juez Galmot indicó que probablemente las cuestiones prejudiciales (consultas al Tribunal de Justicia de la CEE sobre las contradicciones entre el ordenamiento de un país miembro y las normas comunitarias) empezarán a ser planteadas por los jueces españoles antes que en otros países ingresados en el Mercado Común.El juez del Tribunal de Justicia comunitario atribuyó este vaticinio a que en España se ha desarrollado un extraordinario eco informativo sobre los problemas de la aplicación del derecho primario y el derivado de la CEE, prevista desde el mismo momento de la adhesión el 1 de enero próximo.

La República Federal de Alemania, con 177 casos, Francia, con 119, y Holanda, con 96, han sido los Estados cuyos jueces mayor número de preguntas han dirigido al Tribunal de Justicia. No obstante, después de advertir que el tamaño de la nación y el número de habitantes determina dicha actividad, citó a Holanda y a Bélgica, por este orden como los Estados con más cuestiones prejudiciales.

Manuel Díez Velasco, quien clausuró la jornada después de escuchar cinco ponencias sobre la aplicación del derecho comunitario en España, indicó que las dificultades se deberán a que España entra en la CEE cuando sus tribunales de Justicia están cargados de trabajo y tienen la mitad del personal que necesitan.

A juicio del magistrado constitucional, el ordenamiento español ha nacido en circunstancias bien ajenas al de otros países comunitarios y deberá acusar un proceso de depuración mayor. Sin embargo, rechazó los temores de que se planteen desde los primeros momentos miles de cuestiones. También descartó que el Tribunal Europeo sea instrumentado por prácticas de obstrucionismo habituales en esta actividad.

Para contribuir a una mejor adaptación del derecho español al ordenamiento superior comunitario desde el próximo año, Díez de Velasco pidió que se dote a la Justicia de recursos suficientes y de sistemas informáticos que puedan agilizar su labor.

Fraude en Italia

Por otra parte, 10 comerciantes de aceite de oliva han sido arrestados en la provincia italiana de Calabria, acusados de haber defraudado fondos comunitarios por valor de mil millones de liras (unos 90 millones de pesetas). El fraude consistía en presentar una facturación de aceite falsa para acceder a las ayudas económicas que concede la CEE.