Un nuevo plan de lucha contra la droga agravará las penas y reforzará la figura del fiscal especial

El Gobierno estudiará en un próximo Consejo de Ministros un nuevo plan nacional contra la droga que agravará las penas por tráfico de estupefacientes, según fuentes próximas al grupo de expertos que prepara el conjunto de medidas. El plan prevé conceder una mayor importancia a la figura jurídica del fiscal especial, cargo que ostenta actualmente José Jiménez Villarejo. Se creará un comisario gubernamental para coordinar la actividad antidroga. En cuanto a la prevención del consumo, se tratará de preparar a los niños en este aspecto dentro de los programas escolares de Educación para la salud. También se reforzará el control para evitar la penetración de drogas en las cárceles, así como en los centros de las Fuerzas Armadas.

En el aspecto sanitario se ampliará la formación de los médicos en cuanto a los distintos tratamientos para la toxicomanía. El Insalud recogerá a este tipo de enfermos en los centros ordinarios, ya que por el momento no se crearán nuevos centros especializados.Este plan contra la droga comenzó a gestarse a partir de las propuestas efectuadas durante el debate sobre el estado de la nación, que se celebró el mes de octubre pasado.

Fue entonces cuando el Gobierno decidió la creación de una comisión interministerial para la elaboración de un plan nacional contra la droga.

Este proyecto contó con la participación de los llamados interlocutores sociales pertenecientes a los ministerios más afectados: Sanidad y Consumo, Justicia e Interior, además de la participación de miembros de los ministerios de Defensa, Educación y Ciencia y Exteriores.

Más poder para el fiscal

Los dos puntos primordiales que introducirá este plan, en caso de que sea aprobado por el Consejo de Ministros, serán la ampliación de las penas por tráfico de drogas y el refuerzo de la figura del fiscal especial, cuya actuación tendrá ámbito de competencia en todo el territorio español, y se verá apoyada con la incorporación de un grupo de fiscales que actuarán conjuntamente con Jiménez Villarejo.Este plan también prevé la reorganización de la brigada de estupefacientes, de forma que coordine las actuaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil y Cuerpo Superior de policía. Estas actuaciones estarán vinculadas a las diligencias del fiscal especial.

Desde el punto de vista jurídico, el plan plantea la reforma del artículo 344 del Código Penal, ampliando la duración de las penas. Este artículo actualmente establece castigos por tráfico de drogas blandas que van de un mes y un día a seis meses -arresto mayor-, y para las drogas duras los límites actuales van desde los seis meses y un día hasta los seis años, es decir pena de prisión menor.

La ampliación de las penas puede enfocarse desde dos supuestos. El primero de ellos supondría elevarlas un grado, lo que significaría que la pena por tráfico de drogas duras, con las agravantes que contempla el artículo 344 del Código Penal que son tráfico en centros sanitarios, escolares o el realizado con menores, quedaría con la misma pena con la que se castiga el delito más grave, el homicidio.

Esta hipótesis supondría, según las fuentes informantes, un endurecimiento excesivo de las penas por tráfico de drogas. Una de la soluciones previstas para evitarlo sería conceder a los tribunales el arbitrio necesario para no imponer la pena máxima, y ésta sólo sería aplicada en los casos en los que se demuestre que los inculpados pertenecen a redes organizadas de tráfico de cualquier tipo de droga.

Mínimos más altos

La segunda hipótesis prevista para la reforma del artículo 344 incorporaría la creación de unas penas compuestas para los distintos delitos por tráfico de drogas, con mínimos más altos de los actualmente previstos, como norma general, en el Código Penal. La pena con que se castiga el tráfico de drogas blandas pasaría del actual castigo, de un mes y un día a seis meses, a topes entre los dos meses y un día y dos años y cuatro meses.El tráfico por drogas duras, cuya pena está estipulada actualmente desde los seis meses y un día hasta seis años, se ampliaría desde dos años, cuatro meses y un día, como mínimo, hasta ocho años.

Las penas aumentarían en el caso de que se dieran circunstancias agravantes como las contempladas ya por el Código Penal -tráfico en centros sanitarios o entre menores-. La reforma de este artículo incluiría el supuesto de que el propietario de un comercio transija o facilite el tráfico de drogas en su local, en cuyo caso sería castigado con una pena un grado menor que la que se aplique al traficante.

La institucionalización de la figura del fiscal especial y la vinculación de la policía a su competencia pretende un reforzamiento de las actuaciones en contra de la droga en nuestro país, al centralizar en una sola vía el control de todas las actuaciones que la Administración lleve a cabo en este terreno.