La policía pedirá que el juez archive la causa sobre el espionaje, y Alianza Popular, que continúe las diligencias

La Dirección de la Policía solicitará a José María Vázquez Honrubia, juez instructor de la causa sobre el espionaje político, que archive las diligencias. Según Luis Sánchez Movellán, abogado de la policía, "no existen indicios de responsabilidad contra nadie, según se desprende del auto del Tribunal Supremo". Representantes legales de Alianza Popular, como parte querellante, pedirán al juez que continúe las investigaciones, porque entienden que sí hay sospechas de responsabilidad en mandos policiales y altos cargos de la Administración.

Tanto los representantes de AP como los de la policía hicieron estos comentarios a mediodía de ayer, poco después de que el juez instructor les comunicara que ya había recibido oficialmente el auto del Tribunal Supremo que exime de responsabilidad al Gobierno. Asimismo, les indicó que pensaba trasladarlo inmediatamente a las partes.La primera en recibirlo fue AP, a primera hora de la tarde. A partir de ese momento, el citado partido dispone de un plazo máximo de 10 días para comunicar por escrito al juez instructor el camino jurídico que en opinión de los querellantes debe seguirse.

No agotarán el plazo

Fuentes de AP señalaron que este partido no agotará el plazo de 10 días hábiles para enviar el informe, sino que lo hará a lo largo de la próxima semana. Una vez que conteste AP, la Dirección de la Policía dispondrá de otro plazo de 10 días para comunicar sus intenciones al juez instructor, y finalmente ocurrirá lo propio con el fiscal de la causa, Carlos Ladrón de Cegama, si de finitivamente continúa actuando en ella, puesto que cabe la posibilidad de que sea sustituido por otro tras haber presentado su renuncia a seguir en el caso. Ni el juez ni el fiscal se refirieron durante la jornada de ayer a la posibilidad de sustitución de Ladrón de Cegama. El primero dijo que desconocía la situación en que se encontraba el fiscal, mientras que éste prefirió abstenerse de hacer comentario alguno al respecto. Para el abogado de la policía, Luis Sánchez Movellán, el auto del Tribunal Supremo "deja claro" que no hay indicios racionales de responsabilidad en el Gobierno, por lo que tampoco debe haberlos entre los funcionarios subordinados.Por su parte, el juez instructor se limitó a comentar a los periodistas que una vez recibidos los informes de las partes tomará una decisión sobre el caso. En fuentes judiciales se estima que el magistrado no adoptará una determinación concreta hasta octubre.

En estos medios se cree que Vázquez Honrubia ampliará entonces alguna de sus investigaciones y, posteriormente, puesto que ya comunicó al Tribunal Supremo que en su opinión también había indicios de responsabilidad en altos cargos policiales -cuyo procesamiento corresponde a la Audiencia Provincial- enviará el sumario a esta instancia.

Por otro lado, el abogado José Luis Núñez, en representación del Partido Comunista de España, se entrevistó ayer con Vázquez Honrubia para conocer el trámite en que se encuentra la querella que también interpuso esa organización política contra los responsables de realizar espionaje político de este partido.

Núñez señaló que en su opinión la querella comunista quedará finalmente unida a la que con anterioridad presentó AP. El abogado del partido comunista manifestó que entre las peticiones propuestas al juez en la querella figura que el magistrado intervenga nuevamente los archivos policiales de la Brigada de Interior o de la Comisaría General de Información, para que adjunten al sumario todos los informes que pueda haber allí sobre el PCE. Vázquez Honrubia ya se llevó de la Brigada de Interior 180 informes policiales sobre actividades de AP, que fueron añadidos al sumario.

Tras la intervención de Vázquez Honrubia en la Brigada de Interior, fuentes gubernamentales señalaron que, por los métodos adecuados, el Gobierno impedirá que los jueces efectúen nuevas intervenciones en los archivos de los servicios de información, hecho que originó un fuerte malestar en los ámbitos judiciales.

Para Núñez, a estas alturas ya está probado que la policía, como ha reconocido su propio director general, Rafael del Río, realiza investigaciones sobre partidos políticos. "Ahora", dice Núñez, "lo importante es que los jueces digan si eso es legal o no, con independencia de si se reúnen o no pruebas contra el vicepresidente del Gobierno o contra algún ministro".

Es probable que parte de las nuevas diligencias que efectúe Vázquez Honrubia se refieran precisamente a peticiones del PCE, que en principio incluirán algún careo entre policías y periodistas.

Igualmente, el PCE está preparando una propuesta parlamentaria para después del verano, con el fin de que las Cortes elaboren una ley sobre los límites de los servicios policiales de ínformación.