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La jornada de paro general

La huelga sólo fue general en las grandes empresas y en Euskadi

Las centrales sindicales Comisiones Obreras, Unión Sindical Obrera y Confederación Nacional del Trabajo, junto a sindicatos de ámbito nacionalista, llevaron a cabo ayer una jornada de huelga general en protesta por la ley de reforma de las pensiones. La huelga, apoyada por algunos partidos, como el PCE, fue un rotundo éxito, en opinión de los convocantes, que cifraron el paro en cuatro millones de trabajadores, mientras que para el Gobierno fue un fracaso porque no consiguió el objetivo político de paralizar el país, según la opinión gubernamental. El paro afectó masivamente a las grandes empresas industriales, y alrededor del transporte se desarrolló una dura pugna entre la policía y los piquetes. Como resultado de los brotes esporádicos de violencia fueron realizadas al menos 128 detenciones.

La huelga general convocada para ayer contra la reforma de las pensiones por Comisiones Obreras y sindicatos minoritarios, y otros nacionalistas, fue seguida masivamente en la mayoría de las grandes empresas industriales de España, y de forma general en el País Vasco, pero la vida ciudadana no quedó paralizada. En función de este dato, el Gobierno declaró que el paro constituía un fracaso como tal huelga general, mientras los convocantes -CC OO cifra la participación en cuatro millones de trabajadores- lo consideraban un éxito sin precedentes. La jornada se caracterizó también por el intento de los piquetes de parar el transporte y, en menor medida, el comercio, objetivo que, en general, impidió la contundente acción de la policía, que practicó más de 128 detenciones.

El llamamiento de los convocantes paralizó desde primera hora las grandes empresas industriales, sobre todo en Madrid, Cataluña, País Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía en torno a las cuales no se produjeron incidentes destacables.En cambio, los transportes urbanos fueron objeto de una dura pugna, en la generalidad de las grandes ciudades, entre los piquetes que intentaban que no saliesen los autobuses y la policía que trataba de impedir ese propósito. Las fuerzas de seguridad estaban respaldadas por el decreto de servicios mínimos publicado por el Gobierno y por los Ejecutivos autonómicos, que prácticamente garantizaba el servicio completo, sobre todo en horas punta.

Esta situación desembocó en numerosos incidentes, en el curso de los cuales hubo neumáticos pinchados, cristales rotos y agresiones a los empleados que acudían al trabajo.

Los autobuses de Barcelona no cubrieron en general los servicios mínimos, mientras el metro los cumplió con creces. En Madrid circulaban pocos autobuses a primera hora de la mañana, pero desde mediodía estaba cubierto el 90% del servicio. Asimismo, el metro madrileño funcionaba a niveles superiores que los exigidos por el decreto de servicios mínimos. En Iberia salieron los vuelos con regularidad, aunque con retrasos.

Junto a la pugna en torno al transporte, los principales incidentes derivaron de la actuación de piquetes que, desobedeciendo la consigna de los convocantes de actuar pacíficamente, intentaban por la coacción hacer cerrar los comercios o protagonizaban cortes de tráfico, así como de las manifestaciones y concentraciones no autorizadas.

La Policía Nacional actuó con contundencia, hasta el punto de que ciudadanos que no tenían relación con las protestas se vieron envueltos en los disturbios. Este fue el caso del vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, Luis Alonso, que fue detenido en la madrileña calle de Preciados durante la disolución por la policía de una concentración de trabajadores de Telefónica.

Detenidos

La violencia, en cualquier caso, no fue la nota principal de la jornada. A la hora de cerrar esta edición sólo se tenían noticias de dos policías y un trabajador heridos en Molina de Segura (Murcia) y de cuatro policías y un manifestante heridos en Barcelona. Un policía nacional fue arrestado en el barrio de Orcasitas, en Madrid, por disparar su pistola, según la delegación del Gobierno, al ser rodeado por un piquete. Entre los detenidos se cuentan dirigentes de CC OO en Aragón, Baleares, Cataluña, Albacete y Málaga.En esta última ciudad fueron detenidas 22 personas cuando un numeroso piquete intentaba hacer cerrar El Corte Inglés. Como en este caso, el comercio no cerró en general salvo por la acción de piquetes. Lo mismo ocurrió en grandes sectores de servicios, tales como la educación -aunque CC OO cifró el paro en el 30% de este sector-, la Administración, la banca, la mayoría de los medios informativos y la sanidad. En este último sector se habían impuesto fuertes servicios mínimos.

En cambio, en las grandes empresas industriales la huelga fue seguida de forma generalizada. Así, en las fábricas de automóviles la huelga fue prácticamente total, aunque en Seat y FASA-Renault hubo división sindical. Una alta fuente del Instituto Nacional de Industria reconocía ayer tarde que, por lo que respecta a las empresas públicas, el paro había sido total en astilleros, siderurgia y Construcciones Aeronáuticas, SA, y muy mayoritario en Ensidesa y Hunosa.

Por zonas geográficas fue singular la respuesta en el País Vasco -donde se sumaban a la convocatoria el sindicato nacionalista ELA-STV y el abertzale radical LAB-, ya que el paro fue general en todos los sectores, mientras en el resto de España se realizó con distinta suerte, siempre siguiendo la tónica arriba apuntada. El paro fue prácticamente total en las comarcas del cinturón de Barcelona.

Ya antes de que terminase el día las distintas partes proclamaron el fracaso o el éxito, según la respectiva posición, de la convocatoria. Así, el presidente del Gobierno, Felipe González, que mientras visitaba Holanda era constantemente informado por sus colaboradores desde-Madrid, declaró en Amsterdam. rotundamente: "Hoy no ha habido en España una huelga general". El paro, según informó la Oficina del Portavoz del Gobierno, afectó a un millón de trabajadores. Felipe González acusé a los convocantes de actuar con grave irresponsabilidad, y de no tener para convocar la huelga sino razones políticamente inconfesables, como es el deseo comunista de oponerse al Gobierno socialista, de una forma que no habrían hecho con otro Ejecutivo.

Asimismo, Manuel Chaves, dirigente del PSOE y la UGT, insistió en la idea de fracaso en cuanto al «objetivo principal", que a su juicio era "paralizar la vida ciudadana". Chaves acusó a los piquetes de actuar violentamente en lugar de informar, y sostuvo la tesis del "carácter estrictamente político" de la huelga.

También el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, dijo que estaba batante claro que se trataba de echar un pulso al Gobierno. Por su parte, UGT emitió un duro comunicado en el que acusaba a los convocantes de no respetar las decisiones contrarias a la huelga y de actuar por motivaciones políticas. Asimismo, UGT lamentó la negativa del Gobierno a negociar la ley de pensiones.

Las centrales sindicales responsables del paro en toda España -CC OO, USO y CNT- insistieron en una conferencia de prensa conjunta, por la tarde, en que el Gobierno debe reflexionar tras el éxito rotundo de la huelga, y afirmaron que la responsabilidad de la violencia que salpicó la jornada debía achacarse a las autoridades, por tratar de impedir el paro con los fuertes servicios mínimos y la actuación policial.

Contundencia policial

Asimismo, denunciaron la contudencia empleada por las fuerzas de seguridad. También el PCE consideró la convocatoria de huelga un éxito y un aviso al Gobierno socialista para que, rectifique su política económica.La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) lamentó el uso de la violencia contra la libertad de trabajar, y que se usase el derecho constitucional a la huelga para hacer una presión antidemocrática cuando la ley de pensiones está en trámite parlamentario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de junio de 1985

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