Los sindicatos europeos acusan a los Gobiernos de mantener políticas que aumentan el paro

Los sindicatos europeos rechazan las fórmulas de contratación temporal y la política de sacrificios salariales como medio para luchar contra el paro y la inflación, y advierten de una ofensiva conservadora por parte de los Gobiernos, según las resoluciones adoptadas en el último congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), dadas a conocer ayer en su integridad en España por UGT. La CES agrupa a 34 organizaciones nacionales, con 40 millones de afiliados, fundamentalmente en el área de la Comunidad Económica Europea. Las resoluciones significan una revisión completa de la acción sindical seguida en los últimos años.

En 1982, con un paro de tres millones en Europa, las resoluciones del congreso que la CES celebró en La Haya hacían constar que "si las políticas no se cambiaban fundamentalmente, el paro registrado en Europa occidental podría sobrepasar en el próximo congreso de la CES, en 1985, los 18 millones de parados, es decir, uno de cada nueve". Cuando en mayo de 1985 ha vuelto a celebrarse en Milán el V Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, el paro ha sobrepasado los 18 millones.A juicio de la CES, ello se debe al mantenimiento de políticas conservadoras y neoliberales que se han traducido en un mayor desempleo y en una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. De acuerdo con estos criterios, en los últimos años se ha instaurado un "liberalismo extremado" y se han adoptado políticas de regresión social como premisa necesaria para el relanzamiento económico. "Patronal y algunos Gobiernos", subraya la resolución, "atacan frontalmente a las organizaciones sindicales, culpándolas de la crisis económica".

El propio Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea de la CEE, en su intervención en el congreso de la CES, advirtió a los participantes de los peligros de este tipo de políticas y reivindicó el papel de los sindicatos en el diseño de la acciones de los Gobiernos.

La CES defiende, como única forma de relanzar la economía, un aumento de las inversiones públicas y privadas. Y respecto al sector público, señala que habría que aumentar en un punto el porcentaje del producto interior bruto. Las ayudas al sector privado deben "inscribirse en un marco de política industrial pactado con los sindicatos". Las fórmulas comúnmente utilizadas para atajar el desempleo en los últimos años no son ninguna solución. Así, se indica textualmente que el problema del paro no puede ser resuelto por el trabajo a tiempo parcial, temporal, a domicilio o de duración determinada".

Autocrítica sindical

En la resolución de Milán subyace una fuerte autocrítica a las políticas de sacrificio salarial, sobre las que se han basado los grandes acuerdos sociales. En España, desde los Pactos de la Moncloa, la negociación colectiva ha recogido bandas salariales que han supuesto una disminución real de las percepciones de los trabajadores.

La CES parte de la consideración de que "el poder adquisitivo está determinado en gran medida por la negociación colectiva, pero también por la evolución de los precios, el reparto de los impuestos y los sistemas de Seguridad Social". La CES coloca como objetivo prioritario para los sindicatos "el mantenimiento y la mejora del poder adquisitivo". "En efecto", señala la resolución, "la disminución del poder adquisitivo tiene consecuencias nefastas sobre el nivel de consumo y, por tanto, de producción. Es, pues, particularmente urgente aumentar los salarios más bajos para relanzar la demanda y para mejorar las condiciones de existencia de los trabajadores".

En esta misma línea, la CES defiende que es precisamente en tiempos de crisis cuando mayor énfasis hay que poner en mantener o aumentar las prestaciones sociales, y se opone rotundamente a la privatización de la Seguridad Social, sistema que considera contribuye a mantener el poder adquisitivo.

La resolución dedica un amplio capítulo a denunciar la actitud de la patronal y de algunos Gobiernos que cuestionan los derechos conquistados por los trabajadores y a reivindicar la necesidad de que las organizaciones obreras dispongan de todas las informaciones necesarias para la adopción de decisiones. "Las organizaciones sindicales", se indica, "deben actuar cerca de los Gobiernos y de los Parlamentos para obtener una influencia real sobre las legislaciones tanto en el terreno económico como en el social".

El documento de trabajo, núcleo de los debates del congreso de Milán, amplía el contenido de las resoluciones y es más explícito respecto a algunos puntos. Así, se subraya que "argumentando la mayor competitividad de las empresas y el saneamiento de los gastos públicos, se intenta poner en duda los sistemas de protección social".

Y más adelante se advierte que, en nombre de la flexibilidad de las condiciones de gestión, la patronal quiere obtener un desmantelamiento de la legislación laboral y debilitar la protección convencional. "Se trata", dice el documento, "de imponer nuevas disminuciones de salarios reales, de despedir más fácilmente a los trabajadores y de ampliar las posibilidades de la contratación temporal".

Los esfuerzos realizados por los Gobiernos para contener la inflación se han realizado, según la CES, basándose en el sacrificio de los trabajadores, pero "los éxitos obtenidos se han conseguido en detrimento del empleo".

La Confederación Europea de Sindicatos reconoce que todos lo Gobiernos aceptan la necesidad de establecer estrategias comunes en la lucha contra el desempleo, pero aunque "algunos de ellos se acuerdan de llamar la atención" sobre este problema en sus declaraciones públicas, "es raro que la acciones sigan a las declaraciones de intenciones. Por el contrario buen número de Gobiernos persisten en sus políticas restrictivas".

Entre las propuestas de la CES -"no pretendemos tener recetas milagrosas"- destacan la reducción a 35 horas semanales de trabajo, mantener el poder adquisitivo de los salarios, garantizar lo ingresos de los pensionistas, la negociación sobre el cambio tecnológico, reforzar la política de empleo y estimular la inversión pública.