Emilio García Horcajo admite que se pueden cometer errores en la tramitación de multas

El coordinador del área de Circulación, Seguridad y Transporte del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Horcajo, afirma que en la tramitación de las multas de tráfico se cumplen todas las normas legales, aunque se pueden cometer errores. Horcajo afirma desconocer el asunto concreto por el que fue procesada por un posible delito de prevaricación la recaudadora ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid, Isabel Cuesta, tras ser interpuesta una querella por un ahogado madrileño al que la grúa te había retirado el coche. El concejal explicó, sin embargo, que "en cualquier país democrático el procesado sería el ciudadano que incumple las normas de tráfico por sistema".

El coordinador del área de Circulación aseguró que su opinión genérica es que "existe una minoría de ciudadanos que infringe las normas de tráfico por sistema, y en cualquier otro país el infractor o paga o va a la cárcel, pero aquí a este nivel nos encontramos en el Tercer Mundo". Según el concejal, la responsabilidad del embargo de los automóviles no corresponde a su departamento, puesto que una vez transcurrido el plazo de pago voluntario de una multa, el certificado de descubierto lo facilita la depositaría del Ayuntamiento y la recaudación la hace el departamento de Hacienda.No es de la misma opinión el abogado Juan Pérez Almazán, de 50 años, que presentó una querella por un presunto delito de prevaricación contra la recaudadora ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid, Isabel Cuesta, que ha sido procesada por el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que considera totalmente legítimo que las multas existan, "pero el Ayuntamiento debe mejorar el procedimiento para que no se llegue a un estado de indefensión".

Cuando Pérez Almazán comprobó, el 16 de mayo de 1984, que la grúa se había llevado su coche, estacionado en batería frente a la iglesia de San Francisco el Grande, el abogado no imaginó que este asunto le iba a ocasionar tantos quebraderos de cabeza. En el depósito le notificaron que debía pagar 136.000 pesetas para recuperar el coche en concepto de multas, y se negó a pagar "sin los correspondientes justificantes que demostraran que se trataba de multas propias y legalmente tramitadas", afirmó. Pérez Almazán asegura que carecía de elementos de juicio para saber si era legal o no la factura que se le presentaba y por eso acudió a la oficina recaudadora del Ayuntamiento. "Me dijeron primero que recurriera y luego que notificara por escrito lo que quería, y así lo hice; como no me facilitaron los datos que pedía, consideré que incurrían en un posible delito de prevaricación y presenté la querella a primeros de junio del pasado año".

La querella, según el abogado, sólo iba dirigida contra el titular del cargo, que "tenía obligación de cumplir la ley y facilitar los datos del expediente administrativo en el que yo era parte", manifestó.

"Una mera ejecutora"

Por otra parte, Inmaculada González de Lara, abogada de la procesada, afirma que su defendida es una mera ejecutora y que la orden de embargo del vehículo fue aprobada por los responsables del departamento de Circulación y Transportes.La recaudadora ejecutiva, según la abogada, inicia el procedimiento de apremio una vez transcurrido el plazo voluntario de pago de las multas sin que éstas hayan sido abonadas. "El certificado de descubierto se remite entonces a la recaudadora ejecutiva, que inicia el procedimiento de apremio para que el multado reciba la notificación de pago. La orden de embargo tiene que ser aprobada por el responsable político del departamento, que es, a su vez, quien da la orden de retirada del vehículo", afirmó.