La corporación municipal de La Granja quiere dimitir por falta de territorio

Sólo hay un miembro de la corporación que no está dispuesto a dimitir, aunque sí apoya a sus compañeros en las reivindicaciones; se trata de la concejala de Alianza Popular Pilar Matesanz.Al ser el 95% del término municipal de titularidad estatal, la corporación considera fundamental que se produzcan las cesiones de suelo, muebles e inmuebles necesarios para llevar a cabo lo que la propia Constitución vigente exige a los Ayuntamientos para sus quehaceres cotidianos.

Actualmente, existe un Plan General de Ordenación Urbana aprobado, que es el instrumento adecuado para que las cesiones fueran viables, pero siguen sin materializarse.

"Ahora mismo, el municipio", señala Clavería, "está dividido en tres organismos del Estado: el Patrimonio Nacional, el propio Patrimonio del Estado y el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona). Entre los tres no ha existido una coordinación adecuada. Es una situación de señorío feudal, donde no sólo hay un señor feudal, sino que, además, no saben lo que les pertenece a cada uno y no se sientan en una mesa para coordinar las acciones necesarias y, encima, nosotros, los plebeyos sufridores, tenemos que cumplir con una serie de obligaciones que no podemos por no saber a quién hay que pedir autorización".

En una reunión especial del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional celebrada en el palacio real de La Granja el pasado año, el gerente de esta institución, Ramón Andrada Pfeiffer, señaló que existía una actitud muy positiva para resolver los problemas de este real sitio, pero, según el alcalde, aún no se han cumplido las promesas, y la nueva ley reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada ya hace casi tres años, no se ha reglamentado todavía. "El problema básico de esta ley es que no se consultó a los Ayuntamientos de los reales sitios, que son los que tienen una problemática importante".

La corporación piensa que de nada servirían las cesiones de suelo e inmuebles si no existen recursos para rehabilitarlos, dado el abandono en el que están "por la desidia, y apatía de muchos años".

Creen que las exenciones de impuestos que hace el Estado en favor del Patrimonio Nacional perjudican a la población, por lo que plantearon un recurso contencioso-administrativo que ha pasado al Tribunal Supremo y están pendientes de la sentencia, que posiblemente se resuelva en mayo.

"Nos parece bien", afirma el alcalde, "que el Estado exima de impuestos al Patrimonio, pero el Estado no es quién para perjudicar a un municipio. Si de alguna forma está establecida la exención de impuestos al Patrimonio Nacional, lógicamente es el Estado el que debe asumirlos y revertirlos al municipio. El contribuyente de San Ildefonso es de tercera porque, además de pagar los impuestos generales, tiene que llevar la carga de que el Estado no paga el 95% de los impuestos de contribuciones rústica y urbana. Es una situación anticonstitucional".