Las plantillas se han ajustado con dinero público, según el Fondo de Garantía Salarial

El ajuste de plantillas en nuestro país se ha hecho, en gran parte, a través de fondos públicos, y concretamente a cuenta del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), según fuentes del propio organismo. Por medio del Fondo se pagaron durante 1984 más de 65.000 millones de pesetas destinados a financiar el despido de 126.000 trabajadores. Ocho provincias se llevaron 48.000 millones del total.

La reorganización del Fondo de Garantía Salarial, contenida en el reciente real decreto, que desarrolla la reforma del Estatuto de los Trabajadores del pasado mes de agosto, tiene, entre otros objetivos, el de conseguir un mayor control de sus actividades, limitando el gasto y acabando con el déficit existente que en estos momentos se eleva a 55.000 millones de pesetas, según señaló ayer Alfredo Mateos Beato.La reforma, que comporta una mejora administrativa notable, no solucionará, sin embargo, uno de los mayores problemas del Fogasa, denunciado ayer por el jefe de prestaciones del organismo, Ángel Luis Martín Serrano.

De acuerdo con sus palabras, el Fogasa está sirviendo para que los empresarios realicen un ajuste de sus plantillas, con cargo a los fondos públicos, y sin necesidad de plantear expediente de regulación alguno. Con la nueva reforma, las indemnizaciones por despido a causa de expediente de regulación por causas tecnológicas, económicas o de fuerza mayor se calcularán a razón de 20 días de salario por año de servicio, con el límite máximo de una anualidad. La indemnización a abonar por el Fondo, en caso de despido improcedente para empresas en crisis, será de 25 días, también con el límite de una anualidad.

A juicio de Ángel Luis Martín Serrano, "hay más que sospechas de que las empresas están acudiendo directamente al despido individual, declarándose insolventes, para que el Fogasa pague las indemnizaciones, en lugar de acudir al expediente de regulación". De acuerdo con sus palabras, para las empresas resulta más rápido el despido individual, que tiene efectos inmediatos, y en los que aunque el magistrado declare la improcedencia del mismo, el pago correrá a cuenta de los caudales públicos. Ésta, desde luego", añadió, "no es la función que debe cubrir el Fondo de Garantía Salarial".

Responsabilidad conjunta

En estas actuaciones, destacó Martín Serrano, "tienen gran parte de responsabilidad los propios trabajadores y algunos abogados que pactan con las empresas soluciones como ésta". La reforma del Fogasa, contenida en el reciente real decreto, sigue sin resolver, en opinión del jefe de prestaciones, estos problemas.Según cifras oficiales, durante 1984 se pagaron más de 60.000 millones de pesetas por insolvencia. Es decir, cantidades que el Fogasa abonó a los trabajadores ante la imposibilidad manifestada por las empresas para hacer frente a estas obligaciones. De estas cantidades que, en teoría, el Fondo puede recuperar una vez que la empresa en cuestión solucione su situación de crisis, sólo se han reintegrado al fondo algo menos de 600 millones de pesetas en efectivo. Cifra a la que habría que sumar, no obstante, otros 2.200 millones de los que existe un compromiso en firme de devolución. A este respecto, el nuevo secretario general del Fondo de Garantía Salarial, Alfredo Mateos, indicó que una de las actuaciones prioritarias del organismo consistirá precisamente en un mayor control en la recuperación de las cantidades pagadas por el Fondo.

De los 60.000 millones de pesetas pagados por insolvencia de las empresas, una gran parte -48.000 millones- se los han llevado ocho provincias: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Guipúzcoa, Vizcaya y Sevilla. Por comunidades autónomas, Cataluña ha sido en la que se han satisfecho cantidades mayores, por insolvencia, 15.837 millones de pesetas. En el País Valenciano la cifra alcanzó los 10.165 millones, y en el País Vasco se llegó a los 8.615 millones de pesetas. En Madrid se satisfacieron a lo largo del año 7.482 millones en pagar despidos de empresas en crisis.

El Fondo de Garantía Salarial, que empezó a funcionar en 1977, se financia exclusivamente con la cuota empresarial, que pasó en la última reforma de un tipo del 0,8% a 1,1%. La subida se produjo para enjugar el déficit galopante del organismo que está cuantificado actualmente en 55.000 millones.

Los responsables del Fondo estiman que con la subida de cotizaciones la recaudación en 1985 rondará en torno a los 70.000 millones de pesetas. Con la aplicación de las nuevas medidas, creen que el montante total de las prestaciones quedará muy por debajo de las satisfechas el pasado año -65.000 millones, incluyendo a las insolvencias las indemnizaciones por expedientes en pequeñas empresas-, con lo que confian quedará un remanente para ir enjugando el desequilibrio financiero.