La ley de Aguas

La actual legislación sobre la propiedad y el uso de las aguas necesita una revisión para adaptarse a la realidad. Pero, según el autor, el problema es el alcance de la ley proyectada por el Gobierno, que va a suponer que la actual propiedad privada de las aguas subterráneas pase a manos del Estado, sin indemnización o compensación alguna.

El proyecto de ley convierte las aguas subterráneas, que son privadas a perpetuidad según la vigente ley, en aguas de dominio público hidráulico del Estado. Ello supone que los actuales socios de los pozos de riego, que son propietarios de las aguas que alumbran, pierdan dicha propiedad en favor del Estado sin recibir nada a cambio; es; lo que se ha estado llamando nacionalización, estatalización, expropiación o expoliación de las aguas subterráneas. El pozo, con todas sus instalaciones, queda en propiedad de los socios; es el agua la que se pasa al Estado.También se nos está insistiendo en que se respetan los derechos de los actuales propietarios de las aguas subterráneas (los agricultores que las usan), al indicar que se respetará el régimen de explotación actual durante 50 años siempre que se: mantengan las condiciones actuales. Ello supone que cualquier modificación que suponga aumento de caudal, cambio en la cantidad de tierras regadas, trabajos efectuados en el pozo, etcétera, haría que se suspendiera el período de los 50 años y las aguas pasarían a titularidad pública. Asimismo, y en el mejor de los casos, a los 50 años las aguas subterráneas dejarían de pertenecer a los agricultores que las usan, para pasar al Estado sin indemnización alguna.

Conflictos con las autonomías

Otro aspecto que tener en cuenta es la posibilidad de conflictos que puede ocasionar entre el Estado y las comunidades autónomas que tienen reconocidos en sus estatutos competencias sobre el tema. Esta tendencia hace que no se puedan reconocer las peculiaridades que el régimen de aguas subterráneas tiene en la Comunidad Valenciana, queriéndose aplicar una misma ley, muy concreta, cuando la realidad demuestra que el tema de las aguas subterráneas es muy distinto en nuestra zona que en Castilla, Galicia, Andalucía, etcétera, y esto tendría que ser contemplado, pues creemos que el esfuerzo y sacrificio de nuestros agricultores merece mejor reconocimiento.

También queremos aclarar que aquellos caudales que se pueden usar con más libertad y no quedan tan afectados por la ley son de una cantidad de 4.000 metros cúbicos anuales. Para que se comprenda lo irrisorio de este caudal sólo podemos indicar que un pozo que saca 3.000 litros por minuto tarda 22 horas en sacar los 4.000 metros cúbicos, por lo que se ve claramente que todos los pozos de nuestra zona superarán los 4.000 metros cúbicos, pues funcionan muchas más horas de las que indicábamos, teniendo en cuenta que se trata de horas al año.

Un punto importante del proyecto de ley es el que se refiere a que la planificación, gestión y control de las aguas corresponde a la Administración, dejando a los regantes una representación mínima. Para ello se crean varios organismos (Consejo Nacional del Agua, organismos de cuenca, asamblea de usuarios, junta de explotación, etcétera), en los que la mayoría de los miembros pertenece, como hemos dicho, a la Administración, y los regantes o no tienen representación o ésta es sólo de un tercio, por lo que estarán un poco como convidados de piedra. Todo esto llevará a una burocratización, que supondrá conflictos importantes a la hora de resolver los problemas que se plantean cada campaña y que requieren una solución rápida; todos sabemos la eficacia y rapidez con que funciona la Administración a la hora de resolver cualquier problema. Al mismo tiempo, todo ello contribuye a que los presidentes y miembros de los organismos antes citados sean ocupados, por los políticos de turno y no por profesionales, con el peligro que ello supone.

También, y relacionado con este tema, hay que señalar que los organismos; que se crean serán financiados en parte por los que usen el agua, con lo que nuestros agricultores correrán con un nuevo gasto sobre los ya existentes. Esté tema es muy claro, ya que el proyecto, al hablar de los ingresos de los organismos de cuenca, señala, en sus apartados d y f lo siguiente:

d) Los procedentes de la recaudación de tasas, exacciones y precios autorizados al organismo.

f) El producto de las posibles cuotas a los usuarios.

Otro tema en el que insiste el ministerio es el relativo a la posibilidad que deja a los actuales propietarios de los pozos para seguir en la misma situación en que están, pero sin la protección administrativa que regula la nueva ley. Significa que podemos seguir siendo propietarios del agua bajo control de la Administración, pero la nueva ley de Aguas no protege ni garantiza dicho derecho, con lo que nos deja en la más absoluta indefensión. Esto no creemos que sea ninguna posibilidad, sino una burda maniobra para obligarnos a inscribir nuestras aguas como públicas.

Repercusión social

No se ha tenido en cuenta para nada, a pesar de que se quiera decir lo contrario, a los representantes de los pozos de riego; es decir, a los usuarios de las aguas subterráneas, cuando son los más afectados por la ley. El Gobierno ha querido presentar el proyecto de ley de aguas como fruto del acuerdo con las partes afectadas, pero esto no es cierto, pues ni las comunidades de regantes, ni los pozos de riego, ni las industrias que utilizan el agua como materia prima están de acuerdo con el mismo; por tanto, no sabemos con quién se ha puesto de acuerdo el Gobierno.

A pesar de todo lo expuesto estamos convencidos de que es necesaria una revisión de la vigente ley de Aguas para adaptarla a la realidad actual, pero el problema es el alcance y el sentido que le ha dado a la reforma el Gobierno, por lo que es necesario preguntarse: ¿para solucionar la problemática existente es necesario invertir totalmente los principios hasta ahora vigentes, para adoptar precisamente los contrarios? Nosotros estamos convencidos de que no es necesario invertir los términos, pues la Administración dispone de infinidad de medios y procedimientos sin necesidad de llegar a sustraer la titularidad de las aguas a sus propietarios. Estamos convencidos de que el Gobierno no ha valorado suficientemente la negativa repercusión social que el nuevo proyecto de ley de aguas va a tener, perjudicando a un sinfín de pequeños agricultores que con su iniciativa, esfuerzo y sacrificio han hecho posible en estas tierras una realidad palpable cuya función social es innegable.

es secretario de la Asociación Provincia¡ Empresarial de Pozos de Agua para Usos Agrícolas de Castellón (APEPAUAC).