No es delito que las españolas aborten en el extranjero, según el Tribunal Constitucional

Una sentencia del Tribunal Constitucional, en junio de 1984, estableció que no incurría en delito la española que abortara en el extranjero. La sentencia hacía referencia a una mujer aragonesa, cuyo nombre respondía a las siglas L. B. P., y que pasó cuatro años de juicios por haber interrumpido su embarazo en Londres. Se creaba así una situación en la que continuaba siendo delito abortar en territorio nacional, mientras se despenalizaban los viajes al extranjero de ciudadanas españolas, que, en número creciente, han seguido acudiendo principalmente a la capital británica y a Amsterdam y también a las zonas fronterizas del País Vasco, Aragón o Cataluña, siempre que tuvieran medios económicos para costearse el viaje y la intervención.

La socióloga Josune Aguinaga está realizando un estudio sobre el aborto en España, en el que recoge datos de la Organización Mundial de la Salud según los cuales los embarazos no deseados afectan al 50% de las mujeres en edad fértil. En España hay ocho millones de mujeres en esta etapa de su vida. Josune Aguinaga explica que el primer paso de una mujer embarazada que no desea la maternidad es intentar abortar por sí misma, sin conocimiento, en muchas ocasiones, ni del propio marido."Este intento", afirma, "lleva a las mujeres a utilizar desde el perejil o el azafrán a introducirse en la vagina hasta un litro de lejía u otros productos químicos. Sólo cuando no obtiene el resultado buscado, e incluso puede tener otras consecuencias, va a una curandera, que puede cobrarle de 20.000 a 30.000 pesetas, y las más informadas se dirigen a centros de planificación".

Aguinaga estima en 32.000 los abortos anuales provocados en España que precisan ingreso en un centro hospitalario o atención clínica posterior, otros tantos los que se realizan sin consecuencias y en más de 40.000 los que se realizan en el extranjero, especialmente en Londres. Abortan más las mujeres solteras que las casadas, y, entre las que acuden a otros países para interrumpir su embarazo, es más elevado el número de las que llevan más de 12 semanas de gestación, límite estimado como óptimo para realizar una intervención exenta de riesgos. "Aunque los fallecimientos por aborto clandestino son dificilísimos de estimar y no se declaran, hasta el punto de que en el movimiento natural de la población no aparecen más de seis o siete casos, hay otros que pueden deducirse de otras causas, hasta elevar el número a unos 30 o 35 casos de muerte anuales en España", afirma.Centros de planificaciónCasi todos los centros de planificación españoles facilitan información sobre las clínicas de aborto británicas u holandesas. Los centros municipales suelen derivar a las mujeres con un embarazo no deseado a centros privados o a la Comisión Pro Aborto para esta información, aunque después de la operación acogen a las mujeres para hacerles diagnósticos o revisiones. En Madrid existen tres centros de planificación privados que, tras el diagnóstico de embarazo, informan a las mujeres tanto de los lugares donde pueden abortar como de las agencias de viajes que pueden facilitarles los billetes y el coste de la operación. Éstos son el INSS, de la calle de Lope de Rueda; el Pablo Iglesias, en la calle de Juan de Mena, y el Centro Salud y Mujer, de Embajadores, además de la Comisión Pro Aborto.

Al margen de la posibilidad de viajar al extranjero, las españolas pueden abortar en territorio nacional. Alicante y Málaga son actualmente las dos ciudades adonde se dirigen con mayor frecuencia las mujeres para interrumpir sus embarazos no deseados. La intervención cuesta de 20.000 a 25.000 pesetas, y, concretamente, en un centro de la provincia alicantina, la cantidad a satisfacer se establece tras consultar a la paciente sobre sus posibilidades económicas. Asimismo, amparados en la relativa tranquilidad jurídica de una ley que había salido del Parlamento, muchos médicos privados relajaron sus temores a practicar abortos.

La tarifa de una operación en Madrid oscila en torno a las 80.000 o 100.000 pesetas. El coste de un aborto en el extranjero, incluido el viaje, es de alrededor de 70.000 pesetas si la paciente va sin acompañante. La operación sólo cuesta entre 24.000 y 36.000 pesetas.

Junto a la diferencia que supone el hecho de que una mujer con medios económicos pueda abortar en el extranjero, en condiciones sanitarias suficientes y sin riesgos legales, mientras que quien carezca de esos medios deba hacerlo en España, dentro del territorio nacional también se produce una nueva discriminación, percibida en los centros de planificación. Abortan en Alicante, Málaga, Madrid o alguna otra capital las mujeres de zonas urbanas con un mínimo de acceso a la información.

El mayor número de mujeres con embarazos no deseados que vive en zonas rurales, aunque también esta circunstancia se da en las ciudades, acaba en manos de pretendidas comadronas o curanderas.

La relativa tranquilidad legal que proporcionó la aprobación por el Parlamento de la despenalización de tres supuestos de aborto no sólo incrementó el número de médicos privados que empezaron a practicar esta intervención. La denuncia de un posible aborto provocado por parte de un médico suele provenir de los servicios de urgencia, adonde se dirigen las mujeres que han intentado interrumpir su embarazo por métodos caseros. La circunstancia de que los servicios de urgencia estén atendidos, en muchas ocasiones, por médicos jóvenes, haciendo el internado, lleva a que estos casos de aborto se contabilicen como no provocados y que pueda producirse la curiosa circunstancia de que lo que aumente sea el número de abortos naturales.