La muerte va sobre ruedas

LAS CARRETERAS españolas se han convertido en unpaisaje peligroso. Con una frialdad que raya en el fatalismo, las cifras de muertes en accidentes de tráfico se han convertido en la habitual orla negra que encuadra las llamadas operaciones retorno, con que culminan los numerosos puentes y vacaciones del calendario laboral. Anualmente, miles de ciudadanos -cerca de 5.000 en 1983- dejan la vida en la carretera, mientras decenas de miles -34.000 en ese mismo año- pasan a engrosar las filas de personas incapacitadas. Un drama cotidiano que por su magnitud y sus consecuencias no puede ser atribuido a la irresponsabilidad de las víctimas. La responsabilidad, por el contrario, compete a todos, peatones y conductores, y, sobre todo, a las autoridades que deben velar por la seguridad ciudadana, que donde, tal vez, más dramáticamente esté amenazada hoy es en sus carreteras.El crecimiento del parque de automóviles en los últimos años no se corresponde con el aumento del número de víctimas, que ha crecido de forma muy superior. Habrá que buscar, por tanto, las causas en el mal estado de muchas carreteras, en la falta de control sobre los vehículos y en la ausencia de educación cívica de conductores y peatones, que arriesgan inútilmente sus vidas y a veces se cobran la ajena. Infraestructuras viales precarias, falta de educación y ausencia de controles son rasgos de sociedades poco desarrolladas, y no es casualidad que Portugal y España encabecen hoy la tétrica lista de países europeos con mayor número de accidentes de tráfico.

Aunque la mayoría de los accidentes sea atribuible a fallos humanos, tanto de peatones como de conductores, ello no impide exigir a la Administración que adopte las medidas necesarias para hacer frente a esta sangría con medidas eficaces, como han hecho otros países de nuestro entorno. El control de la velocidad, cuyos resultados son estadísticamente incuestionables en la reducción de accidentes, no parece haber dado los frutos esperados. Se siguen violando las normas con la misrna inconsciencia con que se escuchan las cifras de víctimas. Asombra comprobar la conmoción que produce una tragedia aérea, cuando el balance de una semana de vacaciones como la pasada arroja una cifra de muertos equiparable.

Las campañas oficiales de promoción de la seguridad vial contrastan con la publicidad de marcas de vehículos que ofrece día a día la televisión. El acento en esta última se pone en la velocidad y agresividad de vehículos utilitarios dirigidos a un público joven que tal vez ignore que 60 de cada 100 jóvenes que mueren en España entre los 15 y 24 años lo hacen en un accidente de tráfico.

El envejecimiento del parque automovilístico, una secuela más de la crisis económica, va a llevar un riesgo adicional a las carreteras y calles por donde circulan, con mayor frecuencia y sin ningún tipo de control, vehículos cuyo estado -frenos, neumáticos, luces, dirección- es un peligro para sus ocupantes y para quienes se crucen con ellos. Si es exigible a las empresas automovilísticas que cuiden y promocionen al máximo la seguridad de sus productos, las autoridades deben establecer los controles que sean necesarios para que no circulen por nuestras calles y carreteras vehículos cuyo estado es un riesgo para la seguridad ciudadana.

Los miles de españoles que mueren o quedan inválidos anualmente en calles y carreteras son un problema dramático que afecta a toda la sociedad y al que la Administración tiene la obligación de hacer frente mejorando la seguridad vial, poniendo los medios y haciendo cumplir las normas que en otros países de nuestro nivel de desarrollo han permitido reducir este problema a más justas proporciones.