Un gran vacío legal

Nadie sabe cómo arreglarlo. Y los políticos, menos que nadie. Y es que, claro, el ministro de Deportes, Neal McFarland, va al fútbol una vez al año, el día de la final de la Copa, en Wembley. Hace un año elaboraron un informe monstruo, el llamado Documento blanco, en torno a la violencia en el fútbol. De aquel tomo nació una idea: organizar la Liga de la vergüenza. Se trataba de aislar en una competición a los clubes con las aficiones más peligrosas (Manchester United, Chelsea, Milwall...). Los políticos, por supuesto, enterraron el proyecto.

Existe una laguna jurídica, legal, entre el reglamento federativo y los tribunales. Los clubes hacen lo humanamente posible para evitar incidentes (ayudan a la Policía, aislan a los gamberros, prohiben la venta de bebidas alcohólicas...), pero poseen estadios fácilmente violables. El británico es reacio a reconocer la incivilización de algunos de sus hinchas y tal vez por ello sus terrenos de juego son perfectamente vunerables, con vallas de alambre, sin foso... Luego, cuando los muchachotes saltan, agreden y destrozan a discreción, son detenidos y purgan algunas horas en comisaría.

Si lo hacen en el extranjero, los ponen de patitas en la frontera y listos. Cuando alguien, en el Reino Unido, grita que "¡debemos retirarles el pasaporte!", siempre surge la voz del veterano político que insiste en "esa medida es anticonstitucional". Ken Bates, presidente del Chelsea, que posee la afición más temible de Gran Bretaña es un auténtico maestro en estas lides. Cada vez que la federación intenta sancionarle, se va al juzgado, y con las leyes en la mano asegura que eso es anticonstitucional. Horas después, el juez impide que se ponga en practica el castigo de la federación.