Una larga marcha de 23 años de negociaciones

Las relaciones de España con la CEE tienen su inicio en la carta que el fallecido ministro de Asuntos Exteriores español Fernando María Castiella dirigió el 9 de febrero de 1962 al presidente del Consejo de Ministros comunitario, Michel Couve de Mourville, para pedir la apertura de negociaciones que posibilitaran la vinculación de España al organismo europeo. Ya antes, en diciembre de 1960, España había nombrado al marqués de Casa Miranda jefe de la misión diplomática ante la CEE. Aunque las pretensiones se basaban en un acuerdo de asociación, se establecía el deseo de una futura y plena integración.Los impedimentos institucionales -la necesidad de un sistema democrático para aspirar a ser miembro de pleno derecho de la CEE- dejaban entonces reducidas las pretensiones españolas al plano de simple acuerdo comercial, único posible, que la CEE no pareció considerar oportuno al contestar a la petición con un lacónico acuse de recibo. Pero el primer paso estaba dado. Dos años después, cuando en junio de 1964 España ingresa en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y recuerda su petición a la Comunidad, el Consejo de Ministros de la CEE da luz verde al inicio de las conversaciones, que comenzaron formalmente el 9 de diciembre de ese año.

En 1965, el embajador ante la Comunidad, Alberto Ullastres (nombrado el 21 de julio de ese mismo año), presenta un memorándum con las razones que argumentan la solicitud española. El 19 de julio de 1966 comienzan las negociaciones, que se interrumpen en febrero de 1967, ya que la Comisión rechaza la aceptación íntegra de las demandas españolas de crear una unión aduanera y económica. Sin embargo, el 11 de julio el Consejo de Ministros de la CEE decide abrir de nuevo las negociaciones con España.

El acuerdo de 1970

Las primeras aspiraciones españolas se cumplen el 29 de junio de 1970, cuando el ministro español de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, firma en Luxemburgo el acuerdo comercial preferencial entre España y la CEE, que entró en vigor el 1 de octubre del mismo año.

El acuerdo establecía dos etapas. La primera, de seis años de duración, determinaba un calendario de rebajas arancelarias y de reducción de contingentes. Su término estaba fijado para el 1 de enero de 1977, fecha en la que, de no haberse llegado al acuerdo de pasar a una segunda etapa, continuarían vigentes las disposiciones de la primera. El acuerdo en el plano industrial favorecía el desarrollo de nuestro comercio. Las exportaciones españolas a los seis países de la CEE, que en 1969 representaban un 34% del total, pasaron a convertirse en un 40% en 1973. Pero las escasas concesiones en agricultura defraudaron ya en el momento de la firma y se vieron posteriormente confirmadas por los hechos: estancamiento relativo de las ventas al Mercado Común y boicoteos intermitentes a los productos hispanos por parte de los agricultores de ciertos países comunitarios. Además, el tema pesquero habría de convertirse en el más problemático.

La entrada en la CEE, a partir de enero de 1973, de tres nuevos miembros (Dinamarca, Reino Unido e Irlanda) planteó la necesidad técnica de la ampliación del acuerdo preferencial. De momento, una simple prórroga permitiría mantener las mismas circunstancias jurídicas y fijar medidas transitorias. Esta transitoriedad, entremezclada y acentuada por declaraciones políticas de doble signo, ha caracterizado todo este largo proceso, primero ante la revisión o no del acuerdo preferencial, adaptado a la Comunidad ampliada, y después hasta que las negociaciones para el ingreso de España quedasen ultimadas.

Después de las laboriosas conversaciones Ullastres-De Kergorlay, con la difícil negociación de los productos agrarios, parece llegarse a la base de un nuevo acuerdo, pero las negociaciones se interrumpen, por decisión del Consejo de Ministros comunitario, el 9 de octubre de 1975, a raíz de las ejecuciones de septiembre en España. El 12 de noviembre de 1976 se produce el relevo de Alberto Ullastres por el nuevo embajador, Raimundo Bassols.

La restauración de la Monarquía supuso la reanudación de las conversaciones, después del periplo europeo realizado por el nuevo jefe de la diplomacia española, José María de Areilza, que expuso en las cancillerías europeas el alcance y sentido de la reforma política iniciada en e.

La petición de ingreso

El 28 de julio de 1977, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, presenta la demanda oficial de adhesión a las Comunidades Europeas al mes siguiente de celebrarse en España las primeras elecciones generales, y el 20 de septiembre el Consejo de Ministros comunitario se pronuncia favorablemente sobre la petición y encarga a la Comisión Europea la elaboración de un dictamen.

El 10 de febrero de 1978 se crea el cargo de ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, que es cubierto por Leopoldo Calvo Sotelo, y el 19 de abril la Comisión Europea hace llegar al Consejo de Ministros comunitario el documento Reflexiones de conjunto sobre la ampliación. Finalmente, el 29 de noviembre la Comisión aprueba y transmite al Consejo el dictamen sobre la candidatura española, y el 19 de diciembre el Consejo de Ministros de la CEE decide la apertura de negociaciones con España. En consecuencia, el 5 de febrero de 1979 se celebra en Bruselas la sesión de apertura oficial de las negociaciones para la adhesión.

El 9 de septiembre de 1980 se nombra a Eduardo Punset ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas. Pero el 27 de febrero de 1981 desaparece este ministerio, que es transformado en secretaría de Estado, que va a ocupar Raimundo Bassols. El 14 de septiembre de ese mismo año el Consejo de Ministros comunitario desbloquea la negociación del capítulo agrícola y da un nuevo impulso político a la negociación.

El 2 de marzo de 1982 se cierran seis de los 16 capítulos, aunque el 29 de junio se produce un frenazo al pedir el Consejo a la Comisión un inventario sobre los problemas de la adhesión. El 7 de diciembre, tras la llegada al poder del PSOE, Manuel Marín es nombrado secretario de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas. El Gobierno socialista va a impulsar decididamente las negociaciones, en un proceso lleno de tensiones y de urgencias.

El 19 de junio de 1983, en la reunión del Consejo Europeo en Stuttgart, se vincula la ratificación del tratado de adhesión a la negociación Comunitaria sobre la futura financiación de la CEE. Esta interdependencia será importante para las aspiraciones españolas, pues sobre este punto hará hincapié continuamente la República Federal de Alemania, exigiendo la ampliación como condición para aumentar sus aportaciones financieras a la CEE. El 18 de noviembre Felipe González entrega a los embajadores de Grecia, Francia y la República Federal de Alemania una carta dirigida a los jefes de Gobierno de los diez en la que solicita una respuesta sobre su voluntad integradora. El 6 de diciembre de ese mismo año se celebra la cumbre de Atenas, que no consigue desbloquear los problemas intracomunitarios de financiación.

El 12 de febrero de 1984, en el transcurso de la cumbre hispanofrancesa de Rambouillet se manifiesta la voluntad de Francia de concluir la negociación el 30 de septiembre de 1984, y el 20 de junio España acepta el sistema de fases para la integración agrícola que proponía Francia.

Sin embargo, el cierre de 13 de los 18 capítulos que constituyen el tratado de adhesión no basta para culminar las negociaciones en diciembre, fecha que ya representa tres meses de retraso sobre las previsiones iniciales. El incumplimiento de esta fecha da pie a los pesimismos. En medios comunitarios comienza a especularse sobre la imposibilidad de cumplir la fecha prevista para el ingreso (1 de enero de 1986).

La negociación permanente

Agricultura, pesca y asuntos sociales son los puntos del conflicto. Se trata de una negociación comercial, reservada a los técnicos, pero cuya decisión -coinciden todos- es política. En este contexto de tensión se produce la visita a Madrid de Bettino Craxi, jefe del Gobierno de Italia, país que ocupa la presidencia de turno de la Comunidad. El presidente del Gobierno español, Felipe González, admite que la adhesión puede verse retrasada un año. El Gobierno aprovecha la situación para anunciar que no piensa ceder por debajo de unos límites que dañen los intereses de los sectores españoles afectados. Incluso, de una forma sutil, se da a entender que el fracaso del ingreso afectaría inevitablemente a la permanencia de España en la OTAN.

El 25 de febrero de 1985 comienza en Bruselas la negociación permanente para concluir el tratado de adhesión antes de la próxima cumbre de finales de marzo. La maratón negociadora iniciada en Bruselas el pasado 17 de marzo no logra durante los cinco largos días en que se prolongan las conversaciones un acuerdo entre los diez.

La oferta global sobre agricultura, pesca y asuntos sociales, aceptable por España, es al final retirada ante los recortes exigidos por Francia a última hora. Como último recurso, el presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CEE, Giulio Andreotti, convoca una encuentro para el jueves 28, en la víspera de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno comunitarios.