Un juez estima que hay razones para procesar por torturas a policías implicados en el 'caso el Nani'

Andrés Martínez Arrieta, el juez que ha investigado la desaparición de Santiago Corella (el Nani) y otros sucesos oscuros ocurridos en las dependencias policiales de la Puerta del Sol el 12 de noviembre de 1983, considera que "existen méritos para procesar a algunos de los funcionarios que participaron en esos hechos". El juez ha dado por concluido un año de investigación con la elevación de las diligencias instruidas a la categoría de sumario. En fechas próximas este sumario será remitido a la Audiencia Provincial, en virtud del fuero especial de la policía, por el cual un juez de instrucción no puede procesar a un funcionario de ese cuerpo por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su profesión.

MadridEl juez Martínez Arrieta inició en marzo de 1984 la instrucción de diligencias acerca del llamado caso el Nani, después de que los familiares de Santiago Corellla denunciaran su desaparición (vease EL PAIS del 11 de noviembre de 1984). Durante los doce meses transcurridos, el titular del juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha tomado unas 60 declaraciones a las seis personas que fueron detenidas junto a Corella, y a los casi 20 funcionarios de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid que participaron en la operación.La conclusión del juez ha sido que la desaparición de Corella sigue siendo un misterio puesto que ni siquiera se ha logrado saber si está vivo o muerto. La última noticia cierta de su existencia que se tiene es que fue detenido el 12 de noviembre de 1983 y trasladado a la Puerta del Sol.

En cambio, Martínez Arrieta ha deducido que existen indicios de que en la actuación policial contra los familiares y amigos de el Nani que también fueron detenidos y conducidos a la Puerta de Sol pudieron cometerse delitos de detención ilegal, privación del derecho de asistencia letrada al detenido y malos tratos y torturas. Estos indicios han llevado al juez a elevar las diligencias a sumario.

La Audiencia Provincial recibirá en próximas fechas ese sumario y tendrá que pronunciarse acerca de si son procesados o no algunos de los funcionarios policiales implicados.

La casi veintena de policías que han declarado en relación a este caso han sido asistidos por el bufete de abogados de José Emilio Rodríguez Menéndez, letrado de Sindicato Profesional de Policía y acusador de su expresidente, Manuel Novás. Rodríguez Menéndez se encarga asimismo de la, defensa de otros dos inspectores de la Brigada Regional de Policía Judicial procesados en relación con la muerte del policía nacional José Manuel Castán.

A Corella y sus seis familiares y amigos se les acusó del homicidio de un joyero de la calle de Tribulete y se les aplicó la ley antiterrorista. Su inocencia quedó probada al ser detenidas otras personas como presuntos autores del mismo delito.