El feminismo, un horizonte de la libertad

John Stuart Mill decía hace casi dos siglos que el mejor medio de evaluar el progreso de una sociedad era la constatación de la integración o marginación de las mujeres. Una sociedad sólo avanzaba si se incorporaban al quehacer colectivo los talentos y capacidades de todos sus miembros, y ello no se podía lograr si se excluía a la mitad de la población. Hoy el criterio sigue siendo igualmente válido. De ahí que el feminismo sea una propuesta de participación democrática y apunte a la consolidación de este sistema político. Pero el feminismo es también la búsqueda de la eliminación de cualquier forma coercitiva de la libertad personal. Cambiar el sistema de desigualdad entre mujeres y hombres implica también el cambio de las formas de convivencia y de la organización familiar; la transformación de la definición de los papeles sociales femeninos y masculinos, el cambio del contenido de las relaciones personales y finalmente el cambio en los propios arquetipos de feminidad y masculinidad.Para lograr estos objetivos el feminismo ha debido desarrollar acciones en dos niveles: demandas y reivindicaciones hechas a la policía y al Estado y propuestas de transformación de la propia sociedad civil y de sus instituciones. Aunque estos cambios básicamente deben producirse en la propia sociedad, también exigen la participación del Estado. Por ello en los últimos 10 años las instituciones públicas y estatales de las democracias occidentales han desarrollado políticas públicas (public policies) para promover la igualdad legal y de oportunidades entre las mujeres y los hombres y se han creado organismos específicos encargados de impulsarlas.

Tres tipos de políticas

Las políticas antidiscriminatorias se pueden clasificar en tres grupos. En primer lugar se han impulsado medidas tendentes a eliminar la discriminación que el propio Estado genera en su organización interna y en los servicios que presta a la población. Existe una discriminación laboral de las funcionarias y una ausencia de mujeres en los puestos de mando en todas las instituciones del Estado que debe ser erradicada, y al mismo tiempo el Estado interviene en muchos casos directamente en la reproducción del sistema de desigualdad social. El segundo grupo de políticas en favor de las mujeres contempla la creación de servicios y actividades para prestar amparo a las mujeres discriminadas que buscan solución a sus problemas. Finalmente, se puede añadir una serie de medidas para impedir que la discriminación se produzca y para sentar las bases de una participación equilibrada de los dos sexos en todas las actividades de la sociedad.

Este último tipo de políticas es el más novedoso y el que mejores resultados está produciendo en los países europeos y en Estados Unidos. Se trata de una forma de intervención del Estado en distintos ámbitos sociales para evitar que se produzcan formas determinadas de discriminación y para generar mecanismos que compensen la existente para eliminarla en el futuro. Un ejemplo ha sido la acción positiva que consiste en una serie de medidas que favorecen la participación de las mujeres en las actividades consideradas masculinas y viceversa. Por ejemplo, para fomentar el trabajo de las mujeres, dar crédito preferencial a las empresas que las contratan o fijar ciertas cuotas de participación de las mujeres en los puestos masculinos y de varones en los femeninos. La acción positiva pretende equilibrar la balanza en aquellos casos en que el desequilibrio se ha producido por la existencia de la discriminación.

Para impulsar las políticas antidiscrimimatorias se han creado en los países occidentales organismos nacionales e internacionales específicos. En muchos países existían instituciones desde hace muchos años, pero fue el Año Internacional de la Mujer de Naciones Unidas y los movimientos feministas los que impulsaron su actividad e hicieron que se generalizaran. Los organismos han sido creados en todos los niveles de la Administración, así como en los Parlamentos y, en las instituciones judiciales. En cuanto a sus funciones, éstas son de varios tipos: asesoras, decisorias y de complementación y aplicación de legislación específica. Entre las primeras se realizan actividades como recoger información, realizar investigaciones, generar canales de coordinación de la información entre las distintas reparticiones de la Administración y crear opinión pública. Los organismos con funciones decisorias coordinan la acción de todos los departamentos encargados de asuntos que se refieren a las mujeres y tienen competencias en los servicios entregados a ellas. La complementación y aplicación de legislación específica supone la capacidad de hacer cumplir la legislación existente ya sea protegiendo a las víctimas de prácticas discriminatorias o creando medias antidiscriminatorias.

El desarrollo de organismos de ese tipo y la complementariedad de políticas antidiscriminatorias en España está aún muy lejos de aproximarse a la realidad europea. En el nivel estatal, la creación del Instituto de la Mujer puede representar un primer paso en este sentido. En las autonomías se han comenzado algunos intentos de crear organismos similares, con la única excepción de la Generalitat de Cataluña. Ahora bien, estos hechos podrían constituir el inicio de una línea política tendente a equipararse en el tema al resto de los países occidentales o se puede convertir, como sucede en muchos países del Tercer Mundo, en una simple fachada modernizadora que responde a la creación de una imagen progresista en el tema a nivel internacional.

Es aún muy pronto para evaluar qué destino tendrá en España el refuerzo de estas políticas, aunque en muchos casos sorprende la poca información o el poco interés que se encuentra entre los políticos y los altos cargos de la Administración. En la Administración nos encontramos con problemas aún más acuciantes. Por ejemplo, después de dos años de gestión socialista aún no se ha desarrollado una política de planificación familiar.

El reforzamiento de las políticas antidiscriminatorias depende de la presión de las propias mujeres y de la voluntad democrática de las fuerzas políticas. Es cierto, como suelen señalar los políticos, que si las mujeres no se organizan y presionan para lograr que sus reivindicaciones sean asumidas, difícilmente éstas serán tomadas en cuenta. Pero el Estado democrático no existe sólo para responder a la presión. Por ello, la gestión de un Gobierno socialista debería ser capaz de impulsar políticas antidiscriminatorias independientemente de la presión política. Quizá se pueda llegar a comprender las presiones que obligan a permanecer en la OTAN o las dificultades económicas que llevan a una política de reconversión que está generando paro. Pero sería más difícil comprender la falta de decisión en políticas que tienen relevancia para la consolidación y la profundización de la democracia. Y siguiendo a John Stuart Mill, a lo mejor se convierte en un buen test de la voluntad democratizadora del Gobierno socialista.