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La regulación de las injurias

al jefe del Estado, realizada por un decreto ley de 1979, ha sido sometida a la consideración del Tribunal Constitucional por la Audiencia Provincial de San Sebastián, ante la posibilidad de que su artículo 1 sea anticonstitucional. La cuestión que se plantea es si este tipo de delito es competencia de la Audiencia Nacional o de la provincial de San Sebastián.-

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