Todos los ministros quieren explicar su gestión en el Parlamento
Los ministros de Sanidad y Consumo y de Defensa, Ernest Lluch y Narcís Serra, respectivamente, comparecerán mañana ante las comisiones correspondiente de la Cámara Baja para dar cuenta de su gestión. El anuncio formulado los pasados días por el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, según el cual catorce ministros se proponían iniciar una serie de comparecencias en el Congreso y en el Senado, a petición propia, para explicar su gestión desde que fueran nombrados hace más de dos años, se viene cumpliendo inexorablemente.Este anuncio coincidió con duras críticas del Grupo Popular, por entender que el Gobierno no atiende suficientemente sus responsabilidades para con el Parlamento. El jueves estará en el Senado, al mismo objeto, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Romero. Javier Moscoso, de Presidencia; Enrique Barón, de Transportes, y Fernando Morán, de Exteriores, comparecieron la pasada semana.
Hasta el 31 de diciembre pasado se han registrado 459 comparecencias de altos cargos en el Congreso, y 105 en el Senado. En la Cámara Alta, mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, responderá a una interpelación del senador popular Javier Rupérez sobre la expulsión de dos ciudadanos norteamericanos supuestamente implicados en actividades de espionaje.
El diputado del Grupo Popular Oscar Alzaga presentará el miércoles una interpelación sobre propósitos y conductas del Ejecutivo en defensa y apoyo de una comunicación social, libre y plural.
Continuarán esta semana en ponencia los trabajos de la Comisión Constitucional sobre la ley Electoral, y en la de Justicia, los debates de la ley orgánica del Poder Judicial. La imposibilidad de acceder a los medios públicos de información a partidos que hayan obtenido menos de un 25% de los votos en las pasadas elecciones, no así en el ámbito de su respectiva comunidad autónoma, mantiene a Minoría Catalana en una oposición frontal a la ley electoral elaborada por el Gobierno. Esta ley, no obstante, en una primera fase de negociación, ha logrado el consenso en todo lo que se refiere a la administración electoral.
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