El Grupo Popular y Minoría Catalana se oponen al sistema de ingreso directo en la carrera judicial

La Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, en su cuarta jornada de debates sobre el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobó ayer que en el acceso a la carrera judicial coexistirán el tradicional sistema de oposición y el concurso de méritos entre juristas de reconocida competencia, este último con el rechazo del Grupo Popular y la Minoría Catalana. Asimismo, se reguló el derecho constitucional a la indemnización por error o anormal funcionamiento de la justicia y el uso de las lenguas oficiales de las comunidades en las actuaciones y documentos judiciales.

El ingreso en la carrera judicial con la categoría de juez se producirá mediante la superación de las pruebas de oposición libre en el Centro de Estudios Judiciales. En cada convocatoria de oposición se reservará al menos una tercera parte de las plazas vacantes para juristas de reconocida competencia, quienes por concurso de méritos accederán directamente al Centro de Estudios Judiciales.El portavoz del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón, criticó duramente el sistema de acceso directo que, en su opinión, repercutirá en el descenso del nivel científico de la magistratura. Estimó que las inclinaciones afectivas en virtud del color político de los candidatos significarán un privilegio para algunos.

Ruiz Gallardón consideró que antes de decidir sobre el sistema de acceso, debería haberse establecido el mapa de las necesidades reales y numéricas de la carrera judicial, que ahora se verán incrementadas con la jubilación a los 65 años de los magistrados, que producirá 500 nuevas bajas en la magistratura.

Por el Grupo Socialista, Javier Barrero atribuyó a Ruiz Gallardón el carácter de "portavoz de un gremio o asociación judicial, dada su coincidencia con lo defendido por la Asociación Profesional de la Magistratura". Rechazó de forma "tajante y radical" las acusaciones del posible color político de los jueces que ingresen por el sistema de con curso y recordó que dicho procedimiento será juzgado por el mismo tribunal de la oposición, sistema que, según recordó, continúa permaneciendo como ordinario para el acceso a la carrera judicial.

Josep Maria Trias de Bes, de Minoría Catalana, manifestó sus dudas ante la dependencia del Centro de Estudios Judiciales, donde se formarán los jueces que ingresen, respecto al Ministerio de Justicia. Reprochó a los socialistas que ejercen un excesivo control sobre el Consejo General del Poder Judicial, Centro de estudios Judiciales y convocatorias de oposiciones. Juan María Bandrés, por Euskadiko Ezkerra, manifestó su radical disconformidad con los tribunales de oposición, que permitirán saber el conocimiento meniorístico del derecho pero no los valores humanos, jurídicos y hasta el sentido del humor, según dijo, de los aspirantes a jueces,

Anormal funcionamiento

La comisión aprobó también que los daños causados por error judicial o anormal funcionamiento de la justicia den derecho a indemnización a cargo del Estado. Tanto cuando sea declarado el error judicial como cuando el daño tenga por causa el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado deberá solicitar su indemnización al Ministerio de Justicia.

A petición de Marcos Vizcaya, del PNV, se introdujo también la indemnización para aquellas personas que, corno fruto del funcionamiento "normal" de la Justicia, hayan sufrido perjuicios graves al haber permanecido en prisión preventiva a pesar de ser inocentes. Vizcaya resaltó el interés del Ministerio de Justicia en este tipo de indemnización a la que tendrán derecho quienes después de haber sufrido prisión preventiva "sean declarados inocentes, en auto de sobreseimiento libre o sentencia absolutoria por inexistencia del hecho imputado, siempre que se le hayan irrogado perjuicios graves".

Vizcaya puso como ejemplo de esta situación el derecho que tendrían los procesados por el caso de la colza si se declarara judicialmente su inocencia.

Las actuaciones judiciales y documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán validez sin necesidad de traducción al castellano dentro de la misma o cuando deban surtir efectos en otra comunidad autónoma con lengua oficial propia coincidente. Se rechazaron las enmiendas del PNV y EE que pretendían un tratamiento igual de las lenguas oficial y autonómica.

El texto aprobado establece el principio general del uso del castellano, así como la posibiliad de emplear la lengua oficial autonómica si ninguna de las partes alegara desconocimiento de la misma que pudiera producir indefensión.

Idiomas oficiales

A propuesta de los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, Francesc Vicens, y de Minoría Catalana, Josep Maria Trias de Bes, se aprobó también que cuando las actuaciones judiciales realizadas o los documentos presentados en el idioma oficial. de una comunidad autónoma tengan que surtir efecto fuera de la misma, se proceda de oficio a su traducción "salvo si se trata de comúnidades autónomas con lengua oficial propia coincidente".

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial difundió ayer un comunicado en el que valora la aporbación, por la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, de una enmienda que establece la elección de los miembros del Consejo por las Cortes. "Antes esta nueva situación", señala el comunicado, "el Consejo se considera legitimado para expresar, al menos ante la opinión pública, que, habiendo discrepadomuy profundamente sobre determinadas cuestiones del proyecto del Gobierno, coincidía con él en cuanto a la participación electoral de jueces y magistrados y debe ahora manifestar que el sisterna introducido por la enmienda, puede afectar gravemente a la independencia judicial".